Madrid, España | AFP |
La justicia española dejó este miércoles visto para sentencia el caso contra Carlos Roberto Vielmann, ex ministro de Gobernación de Guatemala (2004-2007) acusado de autorizar el asesinato de ocho presos en su país.
Desde el 10 de enero, Vielmann, que tiene también la nacionalidad española, ha sido juzgado en Madrid ante la Audiencia Nacional, un alto tribunal especializado en casos internacionales.
En su último turno de palabra este miércoles no quiso añadir nada ante los jueces, después de negar al comienzo del juicio toda responsabilidad en los hechos. Según dijo su abogado Alfonso Trallero a la AFP, la sentencia podría llegar en unas tres semanas.
La fiscalía española pide 160 años de prisión contra el ex ministro, al que acusa de autorizar y supervisar, con otros altos funcionarios, «la creación de una estructura criminal clandestina, compuesta por miembros de los cuerpos de seguridad», que «llevó a cabo la ejecución» extrajudicial de ocho presos, según el escrito de acusación.
Concretamente, Vielmann, de 61 años de edad, está acusado de aprobar la ejecución extrajudicial de un preso fugado del penal El Infiernito, en noviembre de 2005, y la de otros siete reos en la cárcel de Pavón, durante un vasto operativo en septiembre de 2006 destinado a recuperar el control del mismo.
En una intervención que duró más de tres horas, Trallero aseguró que pese a las declaraciones de varios testigos de la acusación «no se ha probado la existencia de ninguna estructura criminal en la que participara Carlos Vielmann».
Según el abogado, en el operativo de Pavón, a 20 km al este de la capital, «no estaba residenciado el mando en don Carlos Vielmann», sino en las jefaturas del ministerio de Defensa y la policía nacional civil.
Y a pesar de su presencia en el penal la mañana del operativo, «no hay ninguna prueba mínimamente sólida de que don Carlos Vielmann pudiera participar en esos hechos, ni intelectual ni materialmente», insistió.
El ex ministro había dicho al inicio del juicio que él allí «no tenía ningún mando ni ninguna función» sobre el operativo, y que su cometido era recabar información para el presidente Óscar Berger, que luego visitó el lugar.
Trallero criticó asimismo duramente las «contradicciones» de varios testigos, y acusó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de «amañar» el caso y manipular los testimonios de cargo.
El por entonces jefe de la policía guatemalteca, Erwin Sperisen, ya fue condenado por estos hechos a cadena perpetua en Suiza, país del que también tiene la nacionalidad. El subdirector, Javier Figueroa, fue absuelto en 2013 en Austria.
Vielmann, hijo y nieto de españoles, vive en España desde 2010. Según explicó el primer día del juicio, no vino «buscando ningún refugio», sino para asistir en Barcelona a la graduación de su hijo.
A los pocos días, por aquel entonces, supo de la investigación en su contra y tomó la decisión de no regresar a Guatemala, ya que a su parecer no estaba garantizado su «legítimo derecho a la defensa» e incluso temía por su vida.
A lo largo del juicio celebrado en Madrid declararon entre otros Óscar Berger, presidente de Guatemala (2004-2008) en el momento de los hechos.
Berger indicó a los jueces que pidió «alguna información» sobre lo ocurrido en Pavón, y reafirmó la versión oficial de que los reos murieron tras un enfrentamiento armado con la policía y no fueron ejecutados extrajudicialmente.
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