La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONIAE) ha expresado su rechazo a las «absurdas» acusaciones vertidas por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sobre una supuesta aportación de 15 millones de dólares del narcotráfico para financiar el reciente paro nacional impulsado por los indígenas y que terminó con un acuerdo con el Gobierno de Lasso.
«Rechazamos las absurdas acusaciones de Lasso sobre el financiamiento de la legítima protesta social», ha apuntado la CONAIE en un comunicado. «Desde su inoperancia no entiende las formas organizativas de los pueblos indígenas y el concepto de solidaridad», se ha lamentado el grupo, que denuncia así un intento de «criminalizar la protesta».
De hecho, la CONAIE ha señalado algunos casos de posible corrupción que afectan al Gobierno. «Si habla de dineros dudosos, que primero aclare los Pandora Papers que le comprometen, la compra-venta de cargos públicos que salpican a sus ministros, los narco generales y los escándalos de corrupción por evasión de impuestos en su gabinete», ha apuntado.
Además, la CONAIE ha advertido de que la «narrativa oficial de terrorismo y narcotráfico (…) pone en riesgo y sabotea desde el mismo Ejecutivo el proceso oficializado el 7 de julio 2022 para los próximos 90 días».
«El paro nacional fue sostenido en minga colectiva y solidaridad con la producción campesina de Costa, Sierra y Amazonía, por los barrios populares de Quito, las ollas comunitarias, la ayuda humanitaria de universidades y centros de acogida, por la ciudadanía espontánea, porque solo el pueblo sabe y siente las necesidades del pueblo», ha argumentado la organización indígena.
«Si el paro duró 18 días no fue por un financiamiento externo sino por la inoperancia, el desinterés y la falta de voluntad del Gobierno, los logros alcanzados no son ningún favor, son producto de la lucha y presión social que obligaron a ver la realidad del país», ha remachado.
Estas declaraciones coinciden con el proceso de constitución de las diez mesas de diálogo temáticas acordadas por el Ejecutivo y la CONIAE para abordar las principales necesidades sociales tras los 18 días de huelga indefinida.
El jueves ambas partes tuvieron su primer encuentro para definir la ‘hoja de ruta’ mediante la cual cumplir los acuerdos que dieron fin a las protestas de este mes y que dejaron al menos seis fallecidos.