- Los magistrados del máximo Tribunal electoral del país pueden perder inmunidad si así lo decide la alianza oficialista que controla el Legislativo
Algo sucedió entre la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque salvo su presidenta, Silvia Valdés, todos se inhibieron para conocer el caso en contra de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusados por el MP de los delitos de de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, y ahora el caso pasa al Congreso donde se decidirá finalmente.
El siguiente paso será que el Congreso nombre una comisión pesquisidora para escuchar a las partes implicadas (MP y magistrados del TSE), la cual debe dar su opinión para que el pleno del Congreso vote si se retira la inmunidad a los magistrados para que sean sometidos a proceso judicial por parte de la fiscalía. El oficialismo y sus aliados tienen una mayoría considerable en el Legislativo si se mantiene la unidad mostrada durante los últimos cuatro años.
La CSJ, que en el pasado ha mostrado una actitud bastante granítica, esta vez se vio debilitada por la inhibición de casi la totalidad de magistrados, que no quisieron conocer del caso. Entonces la Corte se integró de la siguiente manera con magistrdos de diferentes salas de apelaciones, quienes votaron, con una sola excepción, a favor de darle trámite a la solicitud de retiro de inmunidad y que continuara su curso el proceso.
Algunos analistas consideran que esta decisión de no integrar el pleno por parte de casi todos los magistrados de la TSE, responde al temor sanciones internacionales en contra de ellos por sus acciones parciales, principalmente de parte de Estados Unidos, que ha actuado antes contra personas y funcionarios que califica como «corruptos y antidemocráticos».
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La denuncia enviada por el MP incluye a los ocho magistrados titulares del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra, Gabriel Vladimir Aguilera Bolas, Mynor Custodio Franco Flores y los suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes
La acusación del MP dice que hubo «irregularidades en la suscripción del contrato administrativo para adquirir el programa informático para la Transmisión de Resultados Preliminares para el proceso electoral (TREP)» y destaca que no se actuó correctamente en la selección del proveedor.
Curiosamente, el MP no ha actuado en cientos de casos denunciados por la prensa, principalmente el desaparecido diario «elPeriódico», en contratos seleccionados de la misma manera o aún en peores condiciones.
En su parte resolutivo la CSJ, integrada de manera anómala, concluye que «Al existir una diferencia entre las ofertas y habiéndose constatado en el acta de presentación de ofertas que ambas empresas cumplieron con los requisitos formales, esta Corte considera que el antejuicio no es espurio, porque tiene fundamentos serios aportados por el ente Fiscal; no es ilegítimo, ya que fue planteado por el MP como ente de la persecución penal; y no es político porque los hechos señalados se relacionan con actos de los magistrados señalados en su calidad de funcionarios públicos».
El Ministerio Público, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales de estar actuando con el fin de impedir que se respete el voto popular, y con esta acción se podrían plantear posteriores objeciones al proceso electoral, que concluyó con la aplastante victoria de Bernardo Arévalo sobre Sandra Torres (UNE).