La finalidad de la democracia es que la población de un país pueda mejorar. Para lograrlo, se requiere de fortaleza institucional y que los abusos de poder puedan ser controlados.
Gonzalo Marroquín Godoy
Es posible que muchos no lo perciban así, pero nos encontramos en medio de una profunda crisis institucional, en donde se ha creado un sistema disfuncional para la democracia y para la sociedad en general, aunque muy eficiente para una clase política que aprovecha aquello de que, en río revuelto, ganancia de pescadores.
No era muy difícil anticipar que el año 2022 sería complicado para Guatemala, más allá de todos los problemas que nos trae la pandemia por el covid-19 y la irrupción de la guerra en Ucrania, provocada por la ambición expansionista del dictador ruso, Vladimir Putin.
El año anterior vimos como la alianza oficialista concretaba el asalto a las cortes (CC y CSJ) y, apretando el sometimiento del Ministerio Público (MP), borraba prácticamente la independencia de la justicia, baluarte para el funcionamiento de una democracia sana.
En la agenda de Nación aparecían en el nuevo año tres elecciones importantísimas para la institucionalidad: fiscal general, contralor general y procurador de los derechos humanos. Tres procesos en los que –lamentablemente– se podía anticipar que metería sus manos la alianza oficialista para retorcerlos y lograr el objetivo claro que mantenía desde hace más de un año y que no es otro que el de controlar todas las instituciones democráticas.
Si bien es cierto que en el pasado se dieron acciones del oficialismo de turno en la misma dirección, nunca se había visto un esfuerzo tan fuerte, determinado y descarado. Algo se podía hacer desde la oposición y, al menos, el poder político de turno dejaba ciertos espacios para que medio funcionaran los contrapesos.
Se debe reconocer que el problema se agrava desde el momento en que la CICIG inicia una feroz lucha anticorrupción, que destapa una gigantesca cloaca que venía creciendo y creciendo. Esa virtual guerra llegó a tocar poderes muy sensibles en el país y, con su caída, provoca una reacción desmedida encabezada primero por Jimmy Morales y ahora por Alejandro Giammattei, quienes arremetieron con toda la fuerza del poder estatal en contra de las instituciones democráticas que hemos mencionado.
Lo que queda claro es que no están dejando ninguna posibilidad de que las instituciones actúen con independencia. Por eso se cumple lo temido y pronosticado: la fiscal general se reelegirá, habrá otro contralor amigo, y finalmente la PDH se convertirá en un botín de los diputados, con alguna marioneta que llegará al cargo para ser apenas agencia de empleo para acoger a familiares y amigos de los parlamentarios oficialistas que lo elegirán.
Pero esto es más grave de lo que se puede creer. Si, porque a la vista tendremos otro proceso electoral que resultará fallido. Puede parecer apocalíptico, pero es triste ver que los partidos políticos del país son simples cascarones o vergonzosos vehículos electoreros. No se vislumbran opciones que puedan cambiar el rumbo que lleva el país.
Por supuesto que el partido oficial (Vamos), no logrará ganar por segunda vez, como nunca lo hicieron los partidos oficiales antes, pero ese castigo, no hace más impulsar el triunfo de otro partido que, sin embargo, tendrá un(a) candidato(a) con similares características antidemocráticas que intentará seguir las huelas de sus antecesores más recientes.
Como se puede ver, se forma una tormenta antidemocrática perfecta, en la que todas las instituciones que debieran ser sólidas e independientes –CC, CSJ, MP, CGC, TSE, PDH, y partidos políticos– son simples comparsas, pues en vez de responder a los intereses del pueblo, responden a intereses particulares y al poder político de turno.
¡Sólo el pueblo salva al pueblo!, una consigna que se repite en protestas sociales, cobra relevancia en momentos de crisis y, en cualquier democracia, debiera convertirse en una realidad sensible. En nuestro caso, debemos ser los guatemaltecos quienes pongamos fin a esta crisis que se vuelve cada vez más pesada e insoportable a causa de la indiferencia que hasta ahora mostramos.
Las cartas están sobre la mesa: se manipulará la elección de fiscal general y no tendrá problemas el oscurantismo de la alianza oficialista para poner a su contralor y su PDH. Lo triste es que esto solo hace que nuestra democracia se debilite y sigamos en una caída que puede provocar daños peores, como ha sucedido en otros países.
No vivimos una dictadura de persona –como son los casos de Ortega y Maduro– tampoco dictadura de partido –como fue el PRI en México–. Vivimos la dictadura de un sistema político corrupto y corruptor que se recicla cada cuatro años.