Con ayuda del juez Fredy Orellana el MP continúa persecución contra Semilla

  • El juez Séptimo certificó lo conducente contra el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, por no suspender al partido político, como pretendía el Ministerio Público y el propio juzgador

Una vez más el juez Fredy Orellana resuelve a favor del Ministerio Público (MP) y ha declarado lo conducente para que el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, pueda perder la inmunidad por no haber acatado una resolución ilegal que le mandaba suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla.

La intención del juez y del MP es perjudicar o impedir la participación en la segunda ronda electoral de semilla y su candidato Bernardo Arévalo, quién ha denunciado públicamente que existe la intención de boicotear las elecciones de segunda vuelta programadas por el TSE para el 20 de agosto próximo.

Mientras continúan los esfuerzos del oficialismo y sus aliados para impedir los comicios, los candidatos presidenciales en contienda, Sandra Torres (UNE) y Arévalo (Semilla), continúan con sus giras de campaña, mientras en la ciudadanía persiste la incertidumbre sobre lo que sucederá.

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Este martes se conoció sobre la resolución de juez Orellana –cercano a la Fundación contra el terrorismo (Fundaterror), la cual permite que el fiscal de la Feci, Rafael Curruchiche, pueda solicitar que se le retire la inmunidad a Muñoz, quien goza de vacaciones luego del trabajo realizado en la primera parte de este proceso electoral.

En su oportunidad, Curruchiche confirmó que a solicitud del MP, Orellana, quien suele falllar como solicita el ente fiscal, ordenó la suspensión de la personería jurídica de Semilla, a pesar de que la Ley Electoral y de Partidos Políticos –de carácter constitucional– establece que ningún partido puede ser suspendido desde el momento en que se hace la convocatoria al proceso electoral.

Según la Feci, un ciudadano denunció haber sido inscrito en el partido Semilla ilegalmente, por lo que, al realizarse la prueba científica por parte del Inacif se concluyó que en su caso hubo falsificación.

Muñoz interpuso dos amparos, uno ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el otro ante la Corte de Constitucionalidad –ambas responden al oficialismo–, pero no ha obtenido el amparo provisional hasta el momento por las acciones en su contra, pero la Corte de Constitucionalidad, de tendencia oficialista, rechazó su solicitud. Muñoz argumentó que para su decisión pesó el hecho de que se le estaba solicitando de parte del juez Orellana algo al margen de la ley.

La Fundaterror, que es un brazo de hostigamiento y acoso judicial y en redes sociales, expresó su satisfacción por la resolución de Orellana y, como hacen en los casos de persecución contra personas que han denunciado casos de corrupción –jueces, fiscales o periodistas–, estigmatizan al director Muñoz, quien ha recibido poco apoyo de parte de los magistrados del Tribunal Supremo electoral (TSE).

La estrategia no se detiene

Aunque por resolución del TSE se confirmó, en medio de presiones nacionales e internacionales y protestas, que habría segunda vuelta el 20 de agosto y que los participantes son Sandra Torres y Bernardo Arévalo, quienes obtuvieron el mayor número de votos en la primera vuelta.

Sin embargo, fuentes del propio MP y cercanas a la Feci, aseguran que la estrategia «no ha cambiado» y que se pretender impugnar o detener la votación por mecanismos «legales». Esas fuentes, que piden no ser identificadas por medio de represalias de la fiscal general Consuelo Porras, aseguran que hay «varias estrategias en marcha».

El oficialismo y sus aliados pretenden que las elecciones no se produzcan o que, en todo caso, puedan ser impugnadas.

Mientras, a lo interno de varias dependencias del Gobierno se ha sabido que se «hacen planes» para hacer que el voto que se puede movilizar desde ministerio y entes autónomos y semiautónomos, sea favorable a la candidata Torres, si se diera el caso de que no se suspende la votación.