Comenzó el juicio al expresidente de Audi por el «dieselgate»

El ejecutivo alemán Rupert Stadler, expresidente de Audi, filial de Volkswagen, se convirtió este miércoles en el primer directivo del sector de la industria automotriz alemana en ser juzgado por fraude en su país, cinco años después de que estallara el escándalo de los motores diésel manipulados.

  • Rupert Stadler, de 57 años
  • debe responder a las acusaciones de «fraude»
  • «emisión de certificados falsos»
  • y «publicidad engañosa»
  • según los cargos imputados por la fiscalía de Múnich.

Comparece junto a un exdirector de Audi y de Porsche Wolfgang Hatz, y dos ingenieros de la marca de los cuatro aros.

Podrían ser condenados a hasta 10 años de cárcel al término del juicio, que previsiblemente se prolongará hasta diciembre de 2022. Es el primer juicio que se celebra en Alemania en relación con el escándalo, revelado en 2015.

Volkswagen admitió que había manipulado 11 millones de vehículos con un programa que permitía falsear las emisiones contaminantes de los automóviles en los ensayos de laboratorio.

El interés mediático que despierta la comparecencia de Stadler es inmenso.

El juicio tiene lugar en uno de los anexos del tribunal de Múnich, en el barrio de Satdelheim, pero el número de plazas es limitado, a causa de las restricciones vinculadas a la pandemia de covid-19.

La afluencia provocó un atraso de 20 minutos en el inicio del proceso.

90 páginas de acusación

La investigación alemana se centró rápidamente en Audi, encargada, dentro del grupo Volkswagen, de una parte de la investigación y de desarrollo de motores.

El expresidente de Audi AG, Rupert Stadler, antes del inicio del juicio en Múnich, Alemania, el 30 de septiembre de 2020.

Stadler se incorporó a Audi en 1990 y fue su presidente durante 11 años desde 2007. En 2018, estuvo cuatro meses en detención provisional por ser sospechoso de intentar influir en testigos.

La fiscalía lo acusa de haberse enterado de las manipulaciones hacia finales de septiembre de 2015 «como muy tarde» y de no haber impedido la venta de centenares de miles de vehículos dotados de un software fraudulento.

Los otros tres acusados son sospechosos de haber desarrollado los motores diésel equipados con ese sistema, que empezó a ser instalado en 2009.

Las acusaciones tratan sobre 434.420 vehículos de Volkswagen, Audi y Porsche comercializados principalmente en Europa y Estados Unidos.

Stalder siempre ha rechazado las acusaciones, al igual que Hatz, cuyo abogado indicó que declararía «detalladamente».

La imputación, que será leída de forma íntegra durante la primera audiencia, abarca más de 90 páginas.

30 mil millones de euros

Pero Stadler no será el único directivo que tenga que comparecer ante la justicia.

El expresidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, está a la espera de juicio, aunque la fecha todavía no se ha fijado, por fraude en banda organizada, fraude fiscal agravado y manipulación del precio cotizado en Bolsa.

Por su parte, Volkswagen dejó atrás el escándalo, al menos en parte, pagando más de 30 mil millones de euros (35 mil millones de dólares).

El grueso de esta suma fue a parar a Estados Unidos.

En Alemania, el fabricante, que apuesta ahora por el vehículo eléctrico, pagó unos 750 millones de euros (880 millones de dólares) para indemnizar a 240 mil clientes.

Stadler sale de su auto al llegar a juicio por el «Dieselgate» .

Además, tras el fallo desfavorable del máximo tribunal del país, está intentando alcanzar acuerdos amistosos para saldar gran parte de las 60,000 demandas restantes.

El actual presidente del grupo, Herbert Diess, y el presidente del consejo de vigilancia, Hans Dieter Pötsch, evitaron el juicio el año pasado, a través de una transacción financiera de 9 millones de euros (10,5 millones de dólares), a raíz de un acuerdo con la justicia.

Volkswagen y otras marcas del grupo pagaron asimismo multas por un total de 2,300 millones de euros (2,700 millones de dólares) para zanjar las investigaciones.

En el plano civil, el último gran proceso que queda es el de los inversores que reclaman una indemnización por el descalabro que sufrieron las acciones tas la revelación del escándalo. El juicio empezó en septiembre de 2018 y sigue en curso.

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