- Destaca que existe «persecución sistemática» contra luchadores anticorrupción
- Abogados neoyorquinos hacen ver que se viola el derecho internacional en Guatemala
El Colegio de abogados de la ciudad de Nueva York –New York City Bar–, emitió una declaración en la que denuncia el «continuo acoso» y «criminalización de los operadores de justicia en Guatemala, y detallan los casos en documentados en los que las autoridades judiciales guatemaltecas persiguen a quienes han luchado contra la corrupción en el país.
En el documento, los abogados de NY destacan que «las instituciones judiciales en Guatemala contravienen su mandato violando principios del debido proceso», y censura que el Ministerio Público (MP), la corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), «lejos de cumplir con su mandato legal, persisten en perseguir, encarcelar y criminalizar activamente a jueces, fiscales y abogados guatemaltecos por el simple hecho de cumplir con sus obligaciones profesionales en la judicialización de casos de corrupción».
- Los casos que mencionan
El colegio de abogados de NY señala que algunos de los casos preocupantes incluyen el de Siomara Sosa, ex fiscal de la FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad) y su abogada defensora, Leily Santizo, ex mandataria de la CICIG. Las abogadas fueron detenidas y puestas en prisión preventiva después de que el Ministerio Público las acusara de presuntos delitos de colusión y obstrucción de la justicia. Ambas trabajaron en casos de corrupción emblemáticos y de alto perfil que resultaron en el encarcelamiento de múltiples políticos, empresarios y narcotraficantes.
Además, Virginia Laparra Rivas, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, fue detenida el 23 de
febrero de 2022 y acusada el 3 de marzo de abuso de poder y usurpación de funciones. Las
acusaciones contra Laparra surgen de sus reclamaciones presentadas ante la Junta de
Disciplina Judicial en contra de varios jueces en 2019 por corrupción dentro de la judicatura.
Laparra fue detenida en medio del hostigamiento de autoridades a numerosos ex fiscales de
la FECI, lo que llevó a varios de ellos a renunciar e incluso a huir. A Laparra se le ha
denegado el debido proceso, ya que su audiencia se ha pospuesto al menos seis veces por
varias razones. Mientras tanto, permanece en detención preliminar.
Asimismo, los fiscales auxiliares de la FECI Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar
Quiñónez fueron detenidos el 16 de febrero de 2022, por el presunto delito de abuso de poder
en el caso Comisiones Paralelas 2020. En ese caso, la FECI presentó múltiples solicitudes
de antejuicio para revocar la inmunidad de ciertos jueces de la Corte Suprema de Justicia, del
Tribunal Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, con base en pruebas de un complot
de corrupción en la elección de jueces.
La fiscalía intenta justificar sus acciones utilizando afirmaciones infundadas señalando que las solicitudes de revocación de la inmunidad judicial se presentaron con el propósito de coaccionar confesiones falsas.
Estos casos junto con la intimidación y posterior exilio del ex jefe de la FECI Juan Francisco
Sandoval; el exfiscal Carlos Antonio Videz; la ex magistrada de la Corte Suprema y Fiscal
General Thelma Aldana; la ex magistrada de Sala Claudia Escobar, y el ex fiscal Andrei
González, así como la magistrada Gloria Porras, quien fue reelegida como magistrada de la
Corte de Constitucionalidad, pero luego inhabilitada para el cargo en aparente represalia por
algunos de sus fallos, amenazan la fortaleza del Estado de derecho y subrayan la ausencia de
medidas para salvaguardar una buena gobernanza en Guatemala, según los abogados de NY.
Adicionalmente, el fiscal auxiliar Eduardo Pantaleón, quien trabajó en casos de corrupción de alto perfil, incluido el Libramiento de Chimaltenango y aquellos que involucraron actos de soborno cometidos por miembros del poder judicial, fue arrestado por presuntos actos de obstrucción a la justicia e incumplimiento de deberes.
Además, en los últimos días, el juez Miguel Ángel Gálvez ha recibido múltiples amenazas luego de que dictara una orden de inicio de juicio en proceso penal contra nueve ex militares y policías en el caso Diario Militar.
Asimismo, las amenazas a la jueza Aifán se incrementaron, obligándola a renunciar a su
cargo como titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, y a huir a los Estados Unidos. La jueza
Aifán temió por su vida después de varios años de hostigamiento y repetidos intentos por
parte del Ministerio Público de revocar su inmunidad.
Resulta alarmante que actores judiciales como la jueza Aifán y los demás señalados anteriormente se hayan visto obligados a abandonar el país debido a las amenazas, intimidaciones y persecuciones que enfrentan, junto con el posible enjuiciamiento y la posible detención arbitraria por instituciones del Estado.
Agrega la declaración que «el denominador común» entre los perseguidos es su papel en el enjuiciamiento y la lucha contra la corrupción. Todos estos individuos trabajaron en casos de alto perfil que resultaron en sentencias penales y el encarcelamiento de oficiales del Estado, y la mayoría pertenecen a los Juzgados competentes para Delitos de Mayor Riesgo, la FECI o la extinta CICIG, todos los cuales fueron sido diseñados para desmantelar redes criminales a través de enjuiciamientos efectivos.
- Petición de los abogados de Nueva York
Después de señalar las violaciones que las autoridades guatemaltecas hacen del derecho internacional, el colegio de abogados hace un llamado concreto para que «cese la intimidación» y que la justicia guatemalteca «actúe sobre bases legales» y bajo los mandatos constitucionales, sin tomar en cuenta intereses privados, además de centrar sus esfuerzos verdaderamente en la lucha anticorrupción.
Concluyen destacando que «para salvaguardar el Estado de derecho, Guatemala debe combatir la corrupción y poner fin a la impunidad».