En un lustro, el proceso penal en contra de los supuestos responsables de la desaparición física de Cristina Siekavizza, no ha llegado a un juicio oral y público y las investigaciones casi no han caminado. El cuerpo sigue sin aparecer y la impunidad prevalece en un caso emblemático en la lucha contra la impunidad y el femicidio.
Álvaro Alay / aalay@cronica.com.gt
En cinco años las investigaciones y el castigo de los culpables por la desaparición física de Cristina Siekavizza ha avanzado poco. Lo único que se tiene claro hasta la fecha es que la última vez que fue vista con vida fue el 6 de julio de 2011 y se presume que perdió la vida a manos de su excónyuge Roberto Barreda, quien se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2013, luego de ser capturado en México, tras estar prófugo por más de dos años.
Cinco lastres han sido los causantes de estancar el avance de la justicia, según la Fundación Sobrevivientes y Voces por Cristina. Estos son el mal manejo de la posible escena del crimen, la falta de apoyo inicial de la cartera de Gobernación, para la búsqueda de Cristina, el litigio malicioso —35 amparos presentados hasta el momento por la defensa de Barreda—, sospechosas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y el posible tráfico de influencias de la familia del principal sospechoso, debido a que su madre, Beatriz Ofelia de León —y con proceso penal abierto por este caso—, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su padre Roberto Barreda Valenzuela fue magistrado. Así lo aseguran las dos instituciones que han exigido justicia por este caso.
Camino empedrado y cuesta arriba
Los problemas y obstáculos para la justicia se empezaron a configurar desde los primeros minutos en que se dejó de conocer el paradero de Cristina.
Un primer obstáculo ocurrió, según la Fundación Sobrevivientes, cuando se reportó la desaparición; es decir, cuando el primer equipo de investigadores del Ministerio Público (MP) no tomó el control adecuadamente y tampoco protegió la escena del crimen en la vivienda Barreda Siekavizza, en Los Manantiales, San José Pinula. En lugar de proteger la escena y sellar la casa, los mismos investigadores contaminaron el área donde se cree se dio muerte a Cristina.
A ello se suma, aseguran, el que la cartera de Gobernación no prestó la atención necesaria en esa primera fase, donde no hubo apoyo e involucramiento de la cartera del Interior para apoyar la investigación, lo cual debilito mucho el que se pudiera avanzar en las pesquisas.
Pero los inconvenientes no terminan ahí. A ello hay que sumar la recurrencia de la defensa de Barreda al litigio malicioso. Hasta el momento se han contabilizado, afirman los entrevistados, al menos 35 amparos, los cuales buscan perjudicar, retroceder y hasta anular el proceso; sin embargo, es un hecho que estas medidas han logrado retrasar los tiempos, hasta el punto de que no se ha llegado al juicio oral y público.
A las dos organizaciones que claman por justicia también les llama la atención y califican de lamentable que la máxima corte constitucional del país siempre ha resuelto a favor de la familia Barreda, y debido a ello el proceso penal contra Ofelia de León, que ya se encontraba en fase intermedia, fue retraído hasta la primera declaración.
La guinda al pastel de la impunidad, señala la Fundación Sobrevivientes, es el notorio tráfico de influencias, puesto que la familia Barreda tiene amistades en el sistema de justicia.
Nosotros pedimos documentos e información y todo lleva un tiempo, pero podemos ver con qué facilidad ellos entran a comunicarse con los magistrados. Tienen vía libre porque los padres de Roberto fueron parte del sistema, lo cual genera simpatías y solidaridad con ellos, dice Norma Cruz, directora de Fundación Sobrevivientes.
Otro aspecto que podría perjudicar el caso Siekavizza, es que el MP no cuenta con los suficientes recursos económicos, por lo que de no tener presupuesto estaría paralizando algunas investigaciones en el mes de agosto, lo cual podría estancar aún más el proceso.
Tarea pendiente
Pese a que en su momento se tuvo un mal funcionamiento del sistema, personas allegadas a la familia Siekavizza y agrupaciones que brindan apoyo observan una mejora sustentable en las pesquisas y el proceso penal, por lo que esperan que se puedan lograr sentencias condenatorias y sobretodo encontrar el cuerpo de Cristina.
María Fernanda Gallegos, representante de Voces por Cristina, recuerda que en los primeros ocho meses todas las instituciones hicieron un trabajo pésimo, debido a que hubo negligencia y posterior a ello no se le dio mayor seguimiento a la denuncia de desaparición. Empero, reconoce que con el fiscal Héctor Canastuj se avanzó en las investigaciones.
Ahora hemos tenido buen apoyo del MP, inclusive de la cartera de Gobernación, quienes han seguido en la búsqueda del cuerpo de Cristina, lo cual ha generado más de 100 excavaciones en diferentes lugares del territorio nacional y al menos 51 reconocimientos de ADN, los cuales ninguno ha dado positivo, comenta Gallegos.
En tanto que Cruz, directora de Sobrevivientes, comenta que anhelan que antes de que se termine el presente año o a más tardar a principios de 2017, se tenga el debate oral y público, en donde todas las partes tengan la oportunidad de presentar las pruebas correspondientes.
Sin embargo, reconoce que no tienen expectativas de que el cuerpo de Cristina aparezca, pese a que tienen la certeza de que está enterrada. Nosotros manejamos la hipótesis, desde el inicio, de que fue enterrada, asevera.
Referente a que si algún día Barreda declare lo sucedido con su esposa, es algo que la Fundación descarta, debido a que en cinco años ha asegurado que él no lo hizo, puede incluso llegar a creerse su mentira, a ello se suma que lleva casi tres años en prisión y no ha querido ir a debate para presentar sus pruebas de descargo.
Por su parte, Juan Luis Siekavizza, padre de Cristina, asegura que siempre tendrá una tarea pendiente, encontrar a su hija para darle cristiana sepultura, y enfatiza que cuando él ya no pueda, serán sus hijos y después sus nietos. Vamos a seguir buscándola, exigimos que haya transparencia en el caso y que se juzgue en derecho, enfatizó de manera categórica.
Actualmente Barreda está recluido en la cárcel Mariscal Zavala, después de haber dicho que fue víctima de amenazas en el centro preventivo de la zona 18. Si fuera hallado culpable de femicidio podría ser sentenciado a 50 años de prisión, pero también se le puede agregar el delito de agresión contra menores, que suman 10 años más para hacer un total de 60 años.