La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de El Salvador juzgar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992) y proteger a personas de la diversidad sexual, entre otras recomendaciones luego de una visita del 2 al 4 de diciembre.
El Salvador debe «avanzar en la investigación y persecución penal de los delitos que consisten en graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado interno», consignó la CIDH en un comunicado difundido este sábado en San Salvador por organizaciones locales de Derechos Humanos.
Tras escuchar a las víctimas del conflicto armado, la Comisión pidió aprobar una Ley de Reconciliación Nacional acorde a «los estándares interamericanos» con respecto a la responsabilidad de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.
La guerra civil salvadoreña, que concluyó mediante la firma de acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla, el 16 de enero de 1992, dejó unos 75 mil muertos y más de 7 mil desaparecidos.
En lo que respecta a las personas de la diversidad sexual, la CIDH pide adoptar un «plan» para la protección de los derechos de la comunidad LGBTI, incluyendo su acceso a la justicia, a educación, salud y empleo.
Según organismos humanitarios locales, este país centroamericano cierra el año con ocho «crímenes de odio» contra la población LGBTI.
En cuanto a seguridad ciudadana, la Comisión recomendó realizar de manera urgente investigaciones «diligentes e imparciales» en todos los casos donde civiles resulten heridos o muertos por parte de fuerzas policiales o militares.
En lo que respecta a los derechos de las mujeres, la CIDH pide «revisar» los casos de mujeres condenadas a penas de prisión severas acusadas por homicidio agravado por hechos relativos a emergencias o complicaciones obstétricas; así como dar trámite prioritario a las solicitudes de conmutación de la pena en curso.
La coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATE), Morena Herrera, lamentó este sábado que ninguna de las 16 solicitudes en curso de conmutación de pena avanzó desde que en junio pasado se instaló el gobierno de Nayib Bukele.
La Comisión pide tomar las medidas necesarias para adecuar el marco normativo salvadoreño a los estándares interamericanos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes.
El Código Penal salvadoreño establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como «homicidio agravado», un delito penado con 30 a 50 años de prisión.