La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó a Guatemala por la desaparición forzada de 22 personas en la aldea Chichupac, en el municipio de Rabinal, Alta Verapaz, pero también por la falta de investigación sobre masacres ocurridas durante el conflicto armado interno.
La denuncia ingresó a la corte en marzo de 2014, y agotó todas las instancias, hasta que en mayo de este año se presentaron los alegatos finales.
La sentencia, que ya fue notificada a las partes –los vecinos y el Estado–, considera que hay responsabilidad del Estado guatemalteco en la desaparición forzada de las 22 personas, porque no se adoptaron las medidas necesarias para revertir los efectos de la situación de los desplazamientos.
Los jueces destacan además La falta de investigación de las ejecuciones, detenciones, desplazamientos forzados, actos de tortura, violencia sexual y trabajos forzosos, entre otros, ocurridos entre agosto de 1981 y agosto de 1986 en el marco del conflicto armado, constituyó un incumplimiento de las obligaciones estatales, y agregan que determinaron que la actuación del Estado en la investigación de los hechos del caso demostró una clara voluntad por parte de las autoridades de que los mismos permanezcan en la más absoluta impunidad.
La Corte Interamericana solicita en el documento que las investigaciones sean reabiertas para sancionar a los responsables, así como brindar tratamiento médico, sicológico y siquiátrico a los familiares de las víctimas.
Además, el Estado de Guatemala debe realizar las investigaciones necesarias para determinar el paradero de los desaparecidos y lograr que sean ubicados sus cuerpos y exhumarlos para proceder a su identificación plena.
La CIDH ordena el pago de US$55 mil por cada una de las 183 personas incluidas en un listado general de víctimas de desaparición forzada, US$5 mil dólares a los desplazados personas que fueron desplazadas.