Según el organismo internacional, el país requiere más de US$ 1,380 millones para mejorar la situación del sistema judicial hasta el año 2023.
Durante el conversatorio Costos y desafíos del combate a la impunidad en Guatemala, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, dijo que es importante aprovechar la coyuntura entorno a la discusión y el rechazo a la corrupción para analizar la posibilidad de crear un gravamen que contribuya a la mejora de la situación del Poder Judicial.
“Un impuesto especial y transitorio de vigencia temporal limitada dirigido a gravar patrimonios que superen determinados montos… para fortalecer al Ministerio Público (MP) en su capacidad investigativa y de cobertura territorial y también al organismo judicial”, expresó Velásquez.
Al respecto, el titular de la Comisión destacó que es imperativo pasar del discurso anticorrupción a la acción.