Por medio de un comunicado de prensa, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) explicó que gracias a la coordinación con el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) se lograron las capturas de las juezas Jisela Yadel Reinoso Trujillo y Marta Josefina Sierra González de Stalling y de Erick Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché. Luego, procedió a enumerar los delitos que que motivaron su aprehensión:
Jisela Yadel Reinoso Trujillo: Sindicada de los posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal. Capturada en su residencia.
A la jueza se le sindican los anteriores delitos por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente. Además el pago parcial de una vivienda entre mayo de 2013 y julio de 2014 desborda sus posibilidades de pago de acuerdo al nivel de ingresos que percibe, como lo demuestran las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios. Los estados de cuenta de la señora Jisela Yadel Reinoso Trujillo reflejan preliminarmente un incremento injustificado en su patrimonio del cual se desconoce su origen y concepto. Ello corresponde a dinero recibido en sus cuentas bancarias en efectivo y en cheques depositados por terceros. Además algunos bienes de la jueza fueron cancelados parcialmente con dineros que nunca ingresaron a sus cuentas bancarias. En los registros de la Contraloría General de Cuentas solo se encuentra una declaración jurada patrimonial con fecha de 2004, a pesar de haber adquirido bienes inmuebles e incrementar notablemente su patrimonio en los últimos años.
Jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling: Sindicada de los posibles delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Capturada en su oficina.
Se presume que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera «la línea», a quienes habría beneficiado con fianzas para salir en libertad. El 16 de abril de 2015, fecha de las capturas de los integrantes de dicha red, la jueza Sierra de Stalling convocó con inusitada premura a los fiscales del caso anunciándoles que esa misma tarde daría inicio a la audiencia de primera declaración, y que era su propósito concluirla en esa misma fecha. La magnitud del operativo frustró la aspiración de la jueza, quien tuvo que reprogramarla para el día siguiente.
La diligencia finalizó el lunes 21 de abril en horas de la madrugada. La jueza decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados, sin embargo sólo envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos, mientras que a Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias teniente Jerez), Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez alias «eco», Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, entre otras medidas sustitutivas. La jueza Sierra de Stalling no explicó por qué motivos consideró que la situación de esas seis personas difería del resto de los sindicados, ni especificó las razones para otorgar las fianzas.
El mismo día de los operativos la jueza habría negociado la medida sustitutiva con al menos tres de los sindicados. Se estableció a través de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable a los intereses de Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez, pudo responder a una negociación ilegal entre éstos y la jueza Sierra de Stalling, gestionada por Luis Alberto Mendizábal Barrutía (prófugo) y personas cercanas a él, a cambio de dinero. Esto dentro del caso «bufete de la impunidad», una estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.
Por el caso del bufete se encuentran ligados a proceso varios abogados, además del hijo de la jueza, Roberto Stalling Sierra, en prisión preventiva.
Erick Gustavo Santiago de León: El Presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché, está sindicado de cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión de unos Q10 millones a cambio de una resolución favorable para una empresa. Fue capturado en su residencia en Quiché.
El magistrado Santiago de León, con la intermediación de Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz (ligados a proceso por tráfico de influencias) habrían negociado el pago de Q10 millones de comisión a cambio de un fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar Q93 millones dentro de una causa civil.
