La Subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, se pronunció horas después de darse a conocer que la Corte de Constitucionalidad (CC) revocara el amparo provisional emitido en marzo del 2020 que mantenía en suspenso la vigencia de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
De acuerdo con Chung, “la sociedad civil y las ONG´s son socios importantes para abordar desafíos de desigualdad, Estado de Derecho, inseguridad, abuso de los Derechos Humanos y pobreza en Guatemala”.
Además, indicó que la participación de este tipo de entidades “es necesaria para seguir construyendo un futuro democrático y próspero para el pueblo de Guatemala”.
Además, el congresista estadounidense y presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, Albio Sires, expresó su preocupación e instó al mandatario a enviar un mensaje de que defiende la justicia y las libertades civiles.
“Me preocupa profundamente la decisión de permitir que entre en vigor una ley que permita la disolución arbitraria de las ONG en #Guatemala. El Tribunal Constitucional lo bloqueó el año pasado, antes de la #pactodecorruptos instaló ilegalmente a sus aliados en la cancha”, escribió en su cuenta de Twitter.
Además, aseguró que la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, busca evaluar qué tipo de “socio” es el gobierno de Guatemala, señalando que lo que ven no es “alentador”.
Resolución
A través de un comunicado, la CC indicó que “Conforme lo considerado del fallo, corresponde a este Tribunal denegar en definitiva los amparos solicitados en contra de las autoridades reclamadas, puesto que el amparo no se erige como la vía pertinente para elucidar las inconformidades denunciadas por los interponentes, aunado a que, los actos a los que los postulantes endilgan condición de amenazantes no encuadran en la categorización de “actos inminentes” cuyo análisis resulta posible por conducto del amparo”, indicó.
En se sentido, detallan que no puede considerarse como una amenaza inminente que el presidente de la República sancione una normativa.
Uno de los artículos que contempla la ley, establece que, si una oenegé utiliza los fondos, que recibió de donantes para su funcionamiento, en actividades que alteren el orden público, serán canceladas inmediatamente y los directivos de esas entidades sufrirán consecuencias penales.
“Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externos para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación y sus directivos responsables, serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente, en el entendido que la ONG cancelada, no podrá operar bajo esa denominación. El reglamento desarrollará lo referente al proceso de cancelación”, dice parte del artículo 15.
“Viola derechos constitucionales”
Para Mandredo Marroquín fundador de Acción Ciudadana, “No es que las organizaciones nos sintamos incómodas, es que abiertamente esta ley viola derechos constitucionales. Lo que queda es el camino de un recurso de inconstitucionalidad», dijo.
Asimismo, indicó que esa normativa es una copia de la ley anti-ong de Venezuela. “Esto da poder discrecional a Gobernación a cancelar y perseguir ONGs, vulnerando preceptos constitucionales de libertad de acción, asociación y de emisión del pensamiento”, aseguró.
Mientras que para Eriberto Martín, presidente de la Directiva de Coordinación de ONG y Cooperativas (Congecop), lo que se busca con esta Ley es tener control sobre las organizaciones que han sido una piedra en el zapato para el Gobierno y los poderes fácticos.
“Con las oenegés llegamos a lugares donde no hay presencia del Estado y hemos jugado un papel importante en temas de salud, vivienda y educación; la población es la más afectada”, afirmó.