La Corte de Constitucionalidad (CC) informó la noche de este viernes que presentó una denuncia en el Ministerio Público (MP) en contra del abogado Alfonso Carrillo, indicando que el jurista ha accionado ante ese órgano estatal pese a que pudo haber estado fuera de Guatemala cuando presetó sus planteamientos.
Bajo la facultad de la “depuración de expedientes”, la CC recabó los movimientos migratorios de Carrillo en el Instituto de Migración y estableció que es posible que el abogado no haya estado en el país cuando presentó acciones “de forma personal” ante ese tribunal.
En consecuencia, la máxima corte del país resolvió revisar cada proceso vigente porque no se admite la comparecencia en forma personal de sujetos procesales que no se encuentren en el país.
”El esclarecimiento de los hechos apuntados, obliga a esta Corte, conforme a esta disposición, dar traslado de la denuncia y de lo recabado en el expediente, al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para lo que haya lugar”, detalla la resolución.
Además, aseveran que es deber de la Corte certificar el asunto al Ministerio Público, para que sea ese ente, en ejercicio de la acción pública penal, quien determine si del actuar del abogado Alfonso Carrillo Marroquín, existen hechos que puedan resultar constitutivos de delito.
Agregan que, es procedente certificar, en cada expediente que esté en trámite en esta Corte, en el que Carrillo figure como parte o como abogado auxiliante, a efecto de establecer si, al momento en que presentó las gestiones –en forma personal– o como abogado patrocinante, se encontraba en el país. “En caso contrario, debe procederse en cada caso como en Derecho corresponde, rechazando las gestiones que hubiere promovido o auxiliado”, aseveran.
La queja también se trasladó al Tribunal de Honor del CANG. Al consultar, la Corte informó que se fundamenta en la Ley de Amparo, el Código Civil y normas internas.
La magistrada María Cristina Fernández emitió un voto disidente en el que señala que en ese caso no se establece una conducta tipificada como delito.
La asociación Juristas por Guatemala repudió la resolución y exigió imparcialidad y respeto por las instituciones. Al cierre de esta nota, Carillo no se había pronunciado.