La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar una apelación promovida por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) con la que reactiva medios de prueba recabados durante la investigación en contra de la exmagistrada Blanca Stalling, quien había logrado dejar fuera del proceso declaraciones, información de empresas de telefonía y videos de seguridad
Con esta resolución, la Fiscalía podrá contar con las declaraciones en anticipo de prueba del juez Carlos Ruano y Rony López, magistrado suplente de la CC.
El 9 de febrero de 2017, el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez, tras la audiencia de primera declaración celebrada, entendió que había suficientes motivos para que la exfuncionaria fuera ligada a proceso penal.
Stalling, que fue detenida en la zona 9 capitalina, está acusada de aprovecharse de su posición como magistrada titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía el caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. (IGSS).
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía está un audio grabado por el juez Ruano, quien la denunció, en el que se escucha a Stalling pedirle que favorezca con una resolución a su hijo, procesado en el caso conocido como “IGSS-Pisa”.
Según la investigación, la vocal VII de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), capturada el 08 de febrero de 2017, utilizó su alto cargo para presionar al juez, quien salió del país presuntamente por amenazas en su contra.