La batalla contra la corrupción avanza lentamente, pero, por lo menos, camina. Mientras se aproxima el momento de comenzar los juicios de casos sonados —La Línea, IGSS-Pisa, Comerciantes de la Salud, Bufete de la impunidad, y otros—, la atención se centra ahora en los últimos ‘destapes’ del MP y CICIG. Los casos Cooptación del Estado y Coperacha han dejado al desnudo la cruda realidad que se vivió durante el gobierno Patriota.
Álvaro Alay y Pavel Arellano / Crónica
Lento pero con paso firme avanzan los casos de corrupción que han sido llevados ante los Tribunales de Justicia por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el último de ellos, Cooptación del Estado, y durante la audiencia de primera declaración de los 57 sindicados, se evidenció una estrategia conjunta y bien coordinada para desacreditar y desprestigiar a Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; Thelma Aldana, fiscal general y Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz.
Ahora está pendiente que el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, resuelva si liga a proceso penal o no a los sindicados, entre los que se encuentran, entre otros, exfuncionarios, empresarios, exdiputados y la expareja presidencial. En este caso, todos los sindicados negaron los señalamientos que les imputan.
Dentro de las declaraciones destacaron la del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por la vehemencia con la que inten-
taron desacreditar a Aldana, Velásquez y Monzón. Ambos exfuncionarios se dedicaron, además de desprestigiar al MP y la CICIG, a victimizarse y afirmar que existe una conspiración internacional en su contra.
Otro de los procesos penales que dio pasos hacia adelante, es el abierto contra la exjuzgadora Jisela Reinoso, quien es acusada de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración patrimonial.
De esa cuenta, el pasado 27 de junio dio inicio el debate del juicio contra Reinoso, y tras escuchar la declaración de la sindicada y del primer testigo presentado por el ente encargado de la persecución penal, se suspendió la audiencia y fue reprogramada para el próximo 12 de julio.
Hasta el momento, ninguno de los procesos penales que involucran a Pérez Molina, Baldetti y otros exfuncionarios de ese gobierno han llegado a la etapa intermedia y se prevé que el camino para hacer justicia sea largo y empedrado.
Ven avances
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, al referirse al tiempo que puede tardar la resolución de estos procesos penales, dejó entrever que el proceso puede tomar mucho tiempo. A modo de ejemplo, citó que solo en el caso Cooptación del Estado son 57 sindicados y cada uno puede presentar recursos legales, los cuales suelen ser dilatorios.
Al respecto, Eleonora Muralles, presidenta de la asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), comenta que los casos de corrupción que se han presentado en los tribunales, son algo que nunca había ocurrido en Guatemala, por lo que considera que se está recargando el sistema de justicia, empero resalta que pese a ello los casos están caminando en buen tiempo.
Nunca habíamos visto casos tan bien armados y luego que se diligenciaran en los tribunales, a pesar de que haya una recarga, considero que van caminando y los cuellos de botella hasta ahorita no se han visto, subraya Muralles.
Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, resalta que la justicia en Guatemala es lenta; sin embargo, en los casos de corrupción recién presentados en tribunales se entiende, debido a lo extenso de las investigaciones y las personas acusadas.
En el caso de La Línea, Cooptación del Estado, Lago de Amatitlán y el caso de TCQ se puede ver que hay una cantidad de sujetos procesales; es lógico que estos casos se muevan lentamente, por la magnitud, lo cual incluso se puede ver que caminan a buen tiempo, subraya Ibarra.
Sobre el intento de Pérez Molina y Baldetti por desacreditar las investigaciones del MP y la CICIG, Ibarra dice que dan la impresión de que creen que todavía están subidos en una tarima haciendo proselitismo y atacando a un oponente.
Las declaraciones de Pérez Molina y Baldetti evidencian una estrategia mediocre porque no hubo planteamiento jurídico sino de tarima politiquera, enfatiza la directora del Movimiento Projusticia.
Expectativas
Que al final del camino se logren sentencias condenatorias y se recupere la mayor cantidad de activos del Estado y de bienes muebles e inmuebles, esperan los sectores sociales consultados.
Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, asegura que hay que reconocer que se ha avanzado en algunos de estos casos, sobre todo en los que se ejecutaron mientras Otto Pérez ejercía la presidencia. Sin embargo, los procesos de investigación se han quedado cortos, puesto que podrían existir más estructuras criminales que aún están pendientes. Pero, en general, sí hay que reconocer el progreso que ha habido en estos últimos meses. Lo único que puedo esperar de este proceso es una condena justa, a lo mejor todo este asunto pueda tardar varios meses más, inclusive podría llegar a años de proceso.
Desde el punto de vista de la presidenta de FADS, en las audiencias de primera declaración se han observado evidencias concretas en contra de los implicados, lo cual esperaría se materializara en sentencias condenatorias; sin embargo, reconoce que hasta el momento son inocentes porque no se ha demostrado lo contrario.
En tanto que Ernesto Archilla, experto en temas de seguridad y justicia, subraya que se esperaría que se recupere la mayor cantidad posible de activos del Estado, tanto en el tema monetario como en el de bienes muebles e inmuebles, a través de procesos de extinción de dominio.