La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público ejecutó un allanamiento en la zona 7 de San Miguel Petapa, como parte de la investigación por el caso Negocios en la Industria Militar, en el que se reporta la aprehensión de Jorge Luis Montenegro Jerez, por delitos de usurpación de calidad, falsedad ideológica y casos especiales de estafa.
En mayo del 2018, el Ministerio Público reveló el caso, en el que se señalaron a varios militares de haber formado un “grupo criminal” que habría sustraído unos Q23 millones por medio de un “esquema de intermediación” en el pago de comisiones por la venta de artículos a instituciones públicas.
En ese entonces, las autoridades lograron la captura del coronel Carlos Mejía Girón en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando este regresaba de un viaje de Brasil. Los delitos que se le imputaron fueron peculado, asociación ilícita y cohecho pasivo.
La FECI, junto a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), también destacaron que los exdirectivos de la Industria Militar se habrían repartido otros Q919 mil 330.83 por comisiones pagadas por empresas privadas.
“Mejía Girón estaba involucrado en el caso, pero no había podido ser detenido porque se encontraba en Brasil como agregado militar del gobierno guatemalteco”, afirmó en ese entonces el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Otros señalados en el caso Negocios en la Industria Militar son: José Alfredo Cotzojay Chajón y Jorge Arturo Vega Chávez, extitulares de la estatal Industria Militar; Byron Manuel Santos Galindo, exjefe financiero de la entidad, y Rolando Enrique Hernández González, quien fungió como representante de ventas de la fábrica dedicada a la confección de artículos para uso militar como vestuario y calzado, entre otros objetos.
¿Cómo funcionaba la estructura criminal?
Durante las pesquisas, el Ministerio Público dio a conocer cómo funcionaba la estructura dentro de la institución militar:
Se creó la figura de “representante de ventas” incumpliendo con el principio de sujeción a la ley, duplicando funciones innecesarias por existir puestos que ya realizaban las funciones pactadas para el representante de ventas. En este caso en la Industria Militar ya existía el puesto de jefe de Sección de Ventas por Mayor.
La FECI y CICIG revelaron que las comisiones pagadas entre el 5% y 25% al representante de ventas (Hernández González) fueron excesivas e inoperantes, las cuales fueron pactadas de manera antojadiza, sin ningún sustento técnico ni jurídico.
La red no acreditó que el representante de ventas tenía las capacidades, conocimientos y experiencia en el ramo comercial.
Se evidenció que en varios contratos no se prestaron los servicios del representante de ventas; sin embargo, le fueron pagadas comisiones por ventas que no realizó.
La estructura recibió más dinero como pago de comisiones del que realmente le correspondía, de acuerdo al porcentaje establecido en los contratos.