- Oficialismo molesto pide no injerencia de Estados Unidos en asuntos de otros estados, tras comentario del Departamento de Estado sobre el caso de la exfiscal perseguida por la justicia guatemalteca
Nuevos brotes de tensión entre Washington y la administración del presidente Alejandro Giammattei se han dado tras la sentencia condenatoria de la exfiscal Virginia Laparra el pasado viernes, luego de que el Departamento de Estado manifestara su «profunda preocupación» por el fallo, lo que se suma a varios casos de persecución contra operadores de justicia que han tenido que asilarse en Estados Unidos para preservar su libertad.
El intercambio de posiciones por medio de Twitter el viernes y sábado Muestra que por un lado la administración del presidente Joe Biden sigue con inquietud lo que sucede con la justicia en Guatemala, y por el otro, que el oficialismo no gusta ni acepta que Estados Unidos opine sobre la situación de la justicia en Guatemala.
La declaración del departamento de Estado dice: «Nos preocupa profundamente la sentencia de la presa de conciencia de @amnesty, Virginia Laparra, a 4 años de prisión por su labor como fiscal anticorrupción. El enjuiciamiento selectivo de actores de la justicia y los medios socava el estado de derecho, la democracia y la prosperidad de Guatemala»
La organización Amnistía Internacional (AI), declaró como «presa de conciencia» a Laparra, por considerar que es víctima de persecución del sistema judicial guatemalteco por su labor anticorrupción. Su caso es uno más de los más de veinte que se han documentado en los últimos dos años, cuando el Ministerio Público (MP), bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras ha desatado una persecución contra todos ellos.
La mayoría de exjueces y exfiscales que son perseguidos por el MP, tienen una trayectoria de lucha anticorrupción o de defensa a los derechos humanos, lo que sería el motivo para ser perseguidos judicialmente.
La respuesta del gobierno de Giammattei llegó por medio de la embajada de Guatemala en Estados Unidos, la que dijo en el tuit que «la independencia del Poder Judicial en Guatemala asegura la resolución de los conflictos jurídicos en un estado constitucional y democrático. El respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de un país son esenciales en las relaciones bilaterales y multilaterales».
El pasado 10 de diciembre, tres políticos guatemaltecos fueron sancionados por estar vinculados a corrupción –específicamente sobornos–: el expresidente del Congreso Allan Rodríguez, el diputado Jorge Vargas, y Luis Chang. Los dos primeros vinculados estrechamente al oficialismo y el segundo, exministro de Energía y Minas del gobierno del expresidente Jimmy Morales.
Los tres son señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de haber recibidos sobornos por diversas causas y por ello han sido sancionados. Allan Rodríguez fue el gran operador de la alianza oficialista en el Congreso los primeros dos años del presidente Giammattei.
Antes de eeso más de una docena de guatemaltecos han sido incluido en la lista Engel por ser considerados «corruptos y antidemocráticos», entre ellos la propia fiscal Consuelo Porras y magistrados de las más altas cortes del país.
La tensión en las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se han manifestado constantemente durante los dos últimos años, a pesr de los esfuerzos del propio mandatario por enviar «mensajes» al asumir posturas de política exterior a favor de Washington, como han sido las manifestaciones de apoyo a las causas de Ucrania y Taiwán, esenciales para la política exterior estadounidense.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y se considera que nuestro país tiene importancia geopolítica muy importante, principalmente en temas como narcotráfico y migración.
Fuentes cercanas a la embajada estadounidense en Guatemala aseguran que el embajador William Popp «ha trasladado en diversas ocasiones la preocupación de la administración del presidente Joe Biden a las autoridades guatemaltecas, pero no se ha logrado el erecto esperado para que cese la criminalización de actores importantes anticorrupción».
Aunque se sabe que la alianza oficialista es la que marca la línea de la justicia en los casos más paradigmáticos y con personajes destacados –exfiscales, exjueces, exmagistrados, periodistas u operadores de derechos humanos–, la respuesta oficial es siempre que en el país «existe independencia de poderes».
No solamente Estados Unidos ha emitido opinión sobre este caso, ya que lo han hecho, y en la misma línea, varios países europeos y organizaciones internacionales que velan precisamente por la independencia del sistema judicial.