La Cámara de Comercio pidió a los diputados que concluyan el proceso para la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.
A través de un comunicado, la Cámara recordó que este 13 de octubre se cumple dos años de que la elección de las nuevas cortes se estancó.
“El Congreso de la República debe cumplir de inmediato, sin excusas, ni pretextos, con el mandato constitucional de elegir magistrados a las cortes, atendiendo el que los electos cumplan con los requisitos de honorabilidad e idoneidad”, se exhortó.
Recuerdan que hoy se cumplen dos años de la prórroga en funciones de los magistrados y hacen el llamado conscientes de la importancia del cumplimiento irrestricto a lo que dispone la Constitución Política de la República, la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la alternabilidad de los mandatos.
“La prórroga innecesaria del plazo constitucional y la postergación en la elección de magistrados ha creado un ambiente de falta de certeza jurídica, vulnera y afecta la institucionalidad del país y sienta un grave precedente para futuros procesos”, puntualizan.
La designación de los nuevos magistrados de esos tribunales de justicia, se encuentra detenida en el Congreso y no se ha procurado poner en la agenda legislativa.
Dos años sin elección
Pese a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena la elección, el proceso se ha relegado en el Congreso.
En agosto pasado se inició la votación, pero de cinco candidatos ninguno fue electo y desde entonces no se retomó el proceso.
Profesionales del Derecho consideran que el atraso en la elección de los magistrados quebranta el modelo con el que se diseñó el Estado.
Carlos Ruano, presidente de la directiva de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), respondió a una reciente entrevista sobre el tema. El jurista indicó que el retraso puede generar en la población una percepción de “desconfianza en el poder judicial”.
Ruano considera que es “un mensaje negativo sobre el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, y del Estado de Derecho”. La población estará “desconfiando en el poder judicial” y con el cumplimiento de la ley y no se dará a la ciudadanía “el valor de administrar la justicia en el país”, especificó