El sector empresarial, reunido en el CACIF, ha emitido este lunes un pronunciamiento en el que pide que se garantice la certeza jurídica y se respeten los fallos constitucionales en torno al Convenio 169 que trata sobre las consultas comunales, y advierte sobre el peligro de que con nuevos fallos judiciales se pueda ordenar el cierre de operaciones de las empresas, con el efecto negativo para la economía que ello supondría.
El comunicado del CACIF recuerda que el Convenio 169 «es aplicable a aquellas regiones en las que hay presencia de comunidades indígenas y, por lo tanto, no debe ser invocado en aquellas áreas en las que dicha presencia no se constata». También advierte que en distintas áreas del país hay continuamente bloqueos de carreteras y accesos a propiedad privada por parte de personas que «con intereses particulares afectan de forma negativa las operaciones de las empresas y las tareas cotidianas de trabajadores guatemaltecos, sin que exista intervención de las autoridades».
Aunque no se menciona de manera específica, se recuerda que hay un fallo de la CC, en el que se concede un año de plazo a las autoridades del país para que reglamenten estas consultas comunales para que puedan cumplir con lo establecido por el Convenio 169.
De acuerdo con el CACIF, el cierre de estas empresas –como ocurrió temporalmente con las hidroeléctricas Oxec I y II– generan tres tipos de impacto negativo para la economía nacional:
- Impactos sociales: Perdida de empleos directos e indirectos, con daños a las economías domésticas.
- Impactos económicos: Se pierde productividad y se perjudica al área en donde se llevan a cabo las operaciones. Se merma la competitividad del país en términos generales. Se envían mensajes negativos a inversionistas extranjeros por la falta de certeza para la inversión.
- Impactos fiscales: Se dejan de recibir impuestos por la producción de las operaciones.
El CACIF concluye que es de «interés nacional y estratégico» que los tres poderes del Estado asuman la responsabilidad de preservar el buen desempeño de la economía nacional y ante esta situación, plantean la demanda de que «sean adoptadas inmediatamente las medidas legales, administrativos y judiciales que garanticen la libertad de industria, comercio y trabajo para los ciudadanos».
– Cámara de Comercio advierte sobre amparo contra mina San Rafael Las Flores–
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), emitió horas antes un comunicado en el que se pronuncia en contra de las pretensiones del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social, CALAS, que por medio de un amparo solicitan la suspensión de la licencia concedida a la entidad minera San Rafael Sociedad Anónima, aduciendo que se afectan los intereses de la población Xinca de San Rafael Las Flores.
La Cámara expone que según el Renap y el INE, no hay ni una persona en dicho municipio que se identifique como Xinca, y señalan que la empresa llenó todos los requisitos de ley que se le exigieron para su operación.