- En los primeros 30 días se ha detenido al menos a 16.000 pandilleros
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Ministros para que éste solicite a la Asamblea Legislativa ampliar durante 30 días más el estado de excepción declarado para combatir a las pandillas.
A medianoche de este lunes, 26 de abril, vence el primer estado de excepción aprobado el 27 de marzo, por lo que el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha convocado una sesión plenaria urgente para las 14.00 horas de este domingo. Castro ha manifestado su respaldo a la propuesta de Bukele.
En los primeros 30 días de estado de excepción, las autoridades han detenido a más de 16.000 pandilleros y colaboradores, según cifras del la Policía Nacional Civil.
El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público». La oposición ha criticado que no se puede recurrir a esta medida por un problema de delincuencia común.
El Artículo 30 la Constitución establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales «no excederá de 30 días». Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto «si continúan las circunstancias que la motivaron».
Según cifras oficiales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros activos en el territorio salvadoreño y hasta la madrugada de este sábado, tras 29 días de operativos antipandillas, la Policía Nacional Civil ha dado cuenta de 16.053 detenidos durante el régimen de excepción. Hasta 590 de estas detenciones ocurrieron el sábado.
Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.