Batallas a la vista por la añorada Justicia

Redacción de Crónica

En las sombras se siguen moviendo las fuerzas e intereses que promueven la impunidad.  Sin justicia es difícil avanzar y fortalecer la democracia, al tiempo de crear un Estado que cumpla con sus funciones sociales.

Por lo general, los reflectores de la opinión pública se dirigen sobre el Ejecutivo y el Legislativo y no al trabajo del sistema de justicia, que este año libra una lucha importante contra la impunidad generada por poderes paralelos al Estado, a los que se ha golpeado fuertemente en los últimos dos años —en especial en 2015—, pero que aún tienen la fuerza suficiente para botar los casos de alto impacto que, en su fase inicial o intermedia, conocen este año los tribunales de justicia.

Las estructuras desarticuladas —21 solo en el último año— estaban incrustadas en los organismos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, poder local y tenían vínculos con la empresa privada.

De esa cuenta, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han identificado, procesado y desarticulado estructuras criminales que en esencia comparten características tales como: Ser redes ocultas o clandestinas, transitar de lo legal a lo ilegal y de lo formal a lo informal, crear poder político para aprovechar los recursos económicos del Estado y generar impunidad para sus actividades    ilícitas.

Los procesos penales y judiciales contra estos poderes paralelos han empezado, y el gran reto es impedir que estos influyan, como lo hicieron en el pasado, sobre los tribunales de justicia.

La disyuntiva este año es la siguiente: O se afianza y avanza en la lucha contra la impunidad o se retrocede a estadios anteriores al 2014. El MP y la CICIG aseguran que han presentado pruebas contundentes y; por tanto, lo que hace falta es garantizar juicios y sentencias independientes. Por ello, es necesario que la sociedad civil organizada audite el actuar de los juzgadores para que se emitan resoluciones judiciales apegadas al derecho y no se pierda el terreno ganado a la impunidad.

Pero la fiscalización debe abarcar también a la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) que tomará posesión el próximo 14 de abril para que los magistrados actúen con independencia de los poderes que los eligieron, ya que esto es fundamental porque, tarde o temprano, los casos de alto impacto, que han puesto de rodillas a la impunidad, serán conocidos por la máxima corte constitucional del país, cuyas resoluciones definitivas no son apelables.

Algunos de los casos

Solo el año pasado el MP y la CICIG presentaron 21 investigaciones de alto impacto contra fuertes estructuras criminales, entre ellas La Línea, por la que se encuentra en prisión preventiva el exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

De momento, el proceso penal contra todos los implicados en este caso está entrampado, debido a que una sala de apelaciones deberá resolver un recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que sea aceptada como querellante adhesiva, el caso solo podrá reiniciarse cuando el fallo de la sala sea firme.

A esos 21 casos, destapados en 2015 pasado, se suman este año el proceso penal contra el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, por el delito de tráfico de influencias, y el segundo proceso penal contra Baldetti y otras 14 personas –entre ellos su hermano Mario Baldetti– sindicados de intentar estafar al Estado con un proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán.

A ello se suma el caso conocido como impunidad y defraudación donde están sindicatos altos ejecutivos de la empresa Aceros de Guatemala y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre ellos el ex superintendente Omar Franco –también procesado por el caso de La Línea–, porque alteraron auditorías para desestimar querellas contra la citada empresa por Q255.6 millones. Los sindicados son procesados por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal y colusión.

Así como el reinicio del juicio especial por genocidio contra José Efraín Ríos Montt y el caso Sepur Zarco, en el que ya se dictó sentencia condenatoria pero está pendiente que se resuelvan amparos presentados por los sentenciados.

Todos esos casos de alto impacto ponen este año a prueba a la justicia, pues los poderes ocultos y paralelos al Estado se han empezado a mover para intentar influenciar o bloquear las decisiones judiciales y mantener el imperio de la impunidad.

Nuevos aires

Desde hace dos años, el sistema de justicia, sin contar con mayores recursos humanos y económicos —como ha estado siempre—, empezó a demostrar que, aun con carencias pero con mucha voluntad, se puede combatir a poderes paralelos que generan corrupción e impunidad.

La independencia en el actuar de la fiscal general Thelma Aldana; el nuevo enfoque de investigación de la CICIG al ver a la corrupción como todo un sistema interconectado con diversos actores sociales; y una fuerte auditoría social que presionó a las autoridades del sistema de justicia para que cumplieran con su deber apegandose al derecho marcó, especialmente en el último año, una diferencia importante en la lucha contra la impunidad, en comparación con años anteriores.

Hasta antes del 2014 se realizaban algunas investigaciones contra la corrupción e impunidad, pero de manera aislada y se trataban como hechos aislados e inconexos; sin embargo, luego, con la llagada de Iván Velásquez, tercer jefe de la CICIG, y el apoyo del MP, se empezó a ver el problema como un sistema y con ello cambió la perspectiva de investigación y persecución penal.

Bajo ese nuevo enfoque se desarticularon importantes y poderosas redes criminales incrustadas en el Estado y esos casos de alto impacto se ventilan este año en los tribunales de justicia.

De esa cuenta, la condena de los más de doscientos implicados —solo en las 21 investigaciones del año pasado hay 184 sindicados— supone un  avance en la lucha contra la impunidad y su absolución, por lo contrario, un retroceso.

Los cambios en el actuar del sistema de justicia también se dieron bajo la presión de la sociedad civil organizada y de las manifestaciones espontáneas contra la corrupción del 2015, fue a partir de ahí que se empezó a dictar con más frecuencia resoluciones judiciales independientes.

En los últimos años se ha avanzado en la auditoría social al sistema de justicia y a ello a contribuido la persecución penal que ha hecho la CICIG y el MP contra las estructuras criminales, sin importar quiénes la integren, como el caso de La Línea donde están involucrados Pérez Molina y Baldetti, dice Hellen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack (FMM).

A esa vigilancia, según los expertos, también han contribuido los medios de comunicación que han mantenido informada a la población, gracias a que las audiencias son públicas.

Por esa razón, los jueces no pueden hacer jugadas oscuras, como se llevaban a cabo en el pasado, asegura Mack, y luego, agrega que aún hace falta ver si la nueva CC va actuar con independencia y alejada de poderes oscuros, pues serán los nuevos magistrados quienes decidan casos de alto impacto como el de La Línea, entre otros, donde se involucran altos funcionarios.

Marco Antonio Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), asegura que la sociedad se ha dado cuenta de que un Estado de derecho no existe sin el poder judicial y que la población ha ganado mucho al darse cuenta de la importancia de exigir que haya justicia como un elemento básico de la organización estatal.

Otros cambios

Otro de los cambios en el sistema de justicia que ha marcado la diferencia en los últimos años es, según expertos, el avance en la tecnificación de la investigación y el uso de pruebas científica en las investigaciones, la cual es contundente y lapidaria a la hora de probar hechos delictivos.

Javier Monterroso, exsecretario del MP y actualmente analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), acota que la continuidad de políticas en el MP también ha sido importante en la lucha contra la impunidad.

Por ello, recuerda que antes del destape de la corrupción se llevó a cabo un proceso de reestructuración del ente encargado de la persecución penal y cita, como ejemplo, la creación y puesta en marcha de la Unidad de Análisis Financiero dentro de la Unidad de Análisis Criminal y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que permitieron la investigación de los casos de alto impacto destapados en 2015 y que este año son conocidos por los tribunales de justicia.

Hiduvina Hernández, de Seguridad en Democracia (SEDEM), argumenta que los avances en el sistema de justicia no hubiesen sido posibles sin la fuerte vigilancia ciudadana, y comparte con Monterroso que la cosecha de frutos, en el ámbito penal, es la continuidad al trabajo realizado, especialmente, en la formación de equipos que dejó la exfiscal general, Claudia Paz y Paz.

Abonó al avance en la lucha contra la impunidad la aprobación de la Ley Contra la Corrupción en el año 2012, que permitió la utilización de técnicas que ya se usaban para casos de crimen organizado —escuchas telefónicas y colaboradores eficaces— en casos de corrupción, y la tipificación de nuevos delitos como el de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Fortalecer el sistema de justicia

El MP y el sistema de justicia, en general, han demostrado en los dos últimos años, que las limitaciones de presupuesto, recurso humano y de leyes que brinden nuevas herramientas de persecución penal no han sido obstáculo cuando existe voluntad para combatir la impunidad.

Pero si se quiere avanzar y profundizar la lucha contra este flagelo, hace falta fortalecer a las instituciones involucradas en la cadena de justicia. En la última semana de mayo, deberán empezar a implementarse las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley Orgánica del MP y que, entre otras cosas, fortalece la figura del Fiscal General —que solo podrá ser removido por la comisión de un delito doloso durante su período—, abre las puertas a la depuración, instituye la carrera profesional de los fiscales y un sistema permanente de evaluación de desempeño.

Ese es un buen paso, pero no es suficiente debido a que para poder implementar las reformas hace falta más presupuesto. Para el ejercicio presupuestario del 2014 el MP solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas (MFP) un presupuesto de Q1.3 millardos, pero el Legislativo solo aprobó Q1 millardo; es decir, un 25 por ciento menos de lo solicitado.

Para el 2015 el MP solicitó al MFP Q1.6 millardos, pero el Congreso aprobó solo Q1 millardo, un 39 por ciento menos de lo solicitado.

Por si fuera poco, a partir del 2013, el MFP no trasladó al ente encargado de la persecución penal la totalidad del presupuesto aprobado por el Legislativo y acumulaba a mediados del año pasado una deuda a favor del MP de Q217 millones. Todo ello repercutió en el funcionamiento de la institución y en la persecución penal.

A pesar de las limitaciones se han aumentado las acusaciones, las cuales, en el primer cuatrimestre del 2015, sumaban 5 mil 799, evidenciando un incremento del 6 por ciento en comparación del mismo período del año anterior.

En 2014 se incrementó el logro de sentencias condenatorias al alcanzar estas 8 mil 21, un 9 por ciento más que en el año anterior. El crecimiento, sin embargo, no es el que el país necesita.

Para avanzar en la lucha contra la impunidad hace falta más presencia del MP a nivel nacional. Actualmente, el ente encargado de la persecución penal no tiene presencia permanente en 274 municipios y una carga de trabajo significativa para los fiscales.

El no contar con fiscalías en los 335 municipios es una limitante para brindar una atención eficiente y eficaz en la persecución penal, en los casos que demanda la población de los municipios que no cuentan con la presencia física permanente; sino que están dentro de la jurisdicción de otras fiscalías ubicadas geográficamente lejos de los mismos, se asevera en el Plan Operativo Anual del MP del 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OJ está limitado

El Organismo Judicial (OJ) también debe ser fortalecido presupuestariamente para ganar la lucha contra la impunidad. Entre 2009 y 2014 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) implementó 61 nuevos órganos jurisdiccionales a nivel nacional, de los cuales 25 —41 por ciento— se concentraron en el departamento de Guatemala sumando en total 682, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 382 juzgados de paz, 199 juzgados de primera instancia, 56 tribunales de sentencia, 42 cortes de apelaciones y 3 juzgados de ejecución penal.

Pero estos avances tampoco son los que necesita el país, y es que el OJ posee una tasa de jueces y magistrados por cada 10 mil habitantes de 6.67, muy por debajo del promedio mundial de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, según se señala en el Plan estratégico quinquenal 2016-2020 de la CSJ, elaborado en octubre del 2015.

Del año 2010 al 2014, el presupuesto para el OJ pasó de Q1.4 millardos a Q2 millardos con un promedio de crecimiento anual de Q170 millones pero durante el año pasado el presupuesto se cayó en unos Q440 millones al ubicarse en Q1.6 millardos.

A ello se suma que al cierre del año pasado el OJ debía alquilar 240 inmuebles que no llenaban las condiciones óptimas para sus trabajadores y en 11 municipios solo contaban con la presencia de juzgados de paz.

Las sentencias contrapuestas con los casos ingresados, aunque han aumentado, todavía es baja. Entre 2009 y 2014 el porcentaje de casos resueltos sobre el total de lo ingresado pasó de 49.6 por ciento a 53.1 por ciento.

Se necesitan reformas legales

Lorena Escobar, analista en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comenta que se debe fortalecer al sistema de justicia en su conjunto para avanzar en la lucha contra la impunidad.

Para la experta en temas de justicia no se debe de centrar toda la atención en el MP y el OJ, si no que también se deben de incluir instituciones como la Defensa Pública Penal y el Instituto de Ciencias Forenses (Inacif), quienes dan gran ayuda en los juicios, este último porque lleva a cabo el análisis de la prueba científica.

Uno de los desafíos en la profundización de la lucha contra la impunidad, dice Escobar, es aumentar la presencia las instituciones a nivel del país; por ejemplo, no hay presencia de los juzgados penales o el organismo judicial al 100 por ciento y el Ministerio Público solo tienen presencia en un 30 por ciento y la Defensa Pública Penal únicamente el 10 por ciento, esa simetría lo que produce es mora judicial.

En el octavo informe de labores de la CICIG se enfatiza que urge reformar leyes prioritarias en la lucha contra la impunidad y la corrupción y menciona, entre otras cuestiones, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de la Carrera Judicial, Ley de Servicio Civil y Ley de procedimiento de Antejuicio.

Se afirma, categóricamente, que sin un cambio de estas normas y reglas, los esfuerzos que el sistema de justicia, acompañado por la CICIG, realice a través de sus investigaciones serán siempre focos ilustrativos pero insuficientes para una modificación real y sostenible del sistema, se subraya en el citado documento.

Luego, agrega: En consecuencia, la aprobación de una serie de reformas robustas, al menos en las leyes recién señaladas, es un requisito indispensable para lograr un impacto duradero en la lucha contra la impunidad y la corrupción, que a su vez son elementos fundamentales en la construcción de un Estado democrático de derecho.

Riesgos de que impere la impunidad

Aunque las estructuras de importantes poderes paralelos han sido desarticuladas en los últimos años, esto no quiere decir que ya se haya ganado el pulso a la impunidad. Hacen falta sentencias condenatorias y estos grupos criminales aún tienen poder para influir en las decisiones judiciales.

Realmente la impunidad como tal no ha bajado, porque si efectivamente tenemos capturas, señalamientos muy graves de altos funcionarios, empresarios, y otros muchos, que están siendo sindicados, aún no hay una apertura a juicio formal de la mayoría de los casos, comenta Eleonora Muralles, directora de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

Por lo que indica Muralles que se esperaría que este año inicien los juicios, debido que hasta que se vean sentencias condenatorias se podría decir si bajo la impunidad. Lo que más interesa a la población es la recuperación de ese dinero, en la medida que esto va pasando, nos sentimos optimistas, porque pese a que son altos funcionarios que todavía tienen influencias y gente que los protege van caminando los casos.

Édgar Celada, experto en temas de justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), afirma que se podría hablar de que se perdió la lucha contra la impunidad si todos los procesados en más de una docena de casos quedan absueltos.

De esa cuenta, tanto Hernández, de Sedem, como Celada, del Ipnusac, hacen un llamado a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía, para fiscalizar y acuerpar el trabajo de los órganos encargados de impartir justicia y que no sean objeto de presiones externas y se interfiera en su independencia judicial.