- Existe presión nacional e internacional para que la ley sea aprobada sin introducir las enmiendas que proponen algunos partidos para restarle fuerza a la iniciativa.
- El CACIF insta al Congreso a aprobar la ley en la sesión del 2 de junio.
Por Redacción Crónica
El Congreso de la República se encuentra en un punto de ebullición. La crucial Ley de Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos (Ley Antilavado) ha entrado en su fase más crítica de negociación. Este lunes, la instancia de Jefes de Bloque sostendrá una reunión de alto voltaje con un único objetivo: destrabar los nudos políticos y alcanzar un acuerdo total que permita someter la normativa a su aprobación definitiva en el pleno esta misma semana.
A la reunión de Jefes de Bloque acudirán autoridades del sistema financiero (Superintencia de Bancos, la IVE y otras), para buscar un consenso que permita tener la ley que el país requiere para verdaderamente combatir el delito de lavado de dinero.
La urgencia no es casual. Guatemala corre el riesgo de caer en una «lista gris», si no aprueba una legislación que verdaderamente combata este delito con los estándares que se requieren en la actualidad y son verificados por organismos internacionales.
Los partidos «lastre»: Enmiendas, frenos y condiciones
A pesar del consenso general sobre la necesidad de actualizar una legislación que arrastra décadas de desfase, bancadas importantes y bisagras han condicionado sus votos a la inclusión de enmiendas específicas, temiendo que la ley sea utilizada como una herramienta de persecución selectiva o que asfixie la economía informal.
Estas son algunas posturas que destacan
- El oficialismo: Presiona por una aprobación limpia y expedita. Su enmienda principal busca blindar las facultades de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para que el cruce de información bancaria internacional sea inmediato y sin burocracia.
- Bancada VAMOS: Ha condicionado su apoyo a la modificación de los techos mínimos para la fiscalización de transacciones en efectivo. Exigen que los reportes de transacciones sospechosas (RTS) no afecten al pequeño comerciante ni a las remesas familiares.
- Bancada UNE: Su postura se enfoca en la certeza jurídica. Propone enmiendas para delimitar estrictamente la responsabilidad de los «Sujetos Obligados» (como abogados, notarios y contadores), evitando que un profesional sea penalizado por la falta de transparencia de sus clientes.
- Bancada CABAL: Condiciona su voto a que se incluyan mecanismos de digitalización obligatoria que simplifiquen el cumplimiento normativo, argumentando que las cooperativas y pequeñas financieras rurales no tienen la infraestructura para soportar la burocracia de la actual propuesta.
- Bancada TODOS: Ha fijado una postura dura respecto a la retroactividad de las investigaciones financieras. Exigen enmiendas que garanticen el debido proceso y eviten que auditorías de años pasados sean reabiertas con la nueva ley bajo criterios políticos.
- Unionistas: Los Unionistas han puesto el grito en el cielo por la pretensión de la ley de convertir a los abogados y notarios en «Sujetos Obligados» (es decir, obligados por ley a investigar y reportar las actividades financieras de sus propios clientes bajo el principio de due diligence o debida diligencia). Para este bloque, la ley —tal como está redactada por el Ejecutivo— desnaturaliza la confianza del secreto profesional.
El debate con voces encontradas
Este lunes las autoridades del CACIF hicieron un llamado al Congreso para que se apruebe la Ley. Carlos Arias , presidente del sector empresarial organizado expuso que se insta al Congreso a aprobar, cuanto antes, la ley contra el lavado de dinero, ya que existe el riesgo de que el país sea incluido en la lista gris de GAFILAT. Arias lamentó que haya posturas radicales dentro del Congreso, lo que ha impedido su aprobación.
Mientras, el oficialismo apela a la responsabilidad internacional, la oposición exige cautela:
«Aprobar esta ley no es un capricho; es una obligación para que Guatemala no caiga en las listas grises del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Si no aprobamos estos candados esta semana, el costo para la economía, los créditos y las exportaciones del país será devastador», advirtió un diputado oficialista de la bancada Semilla.
En la acera de enfrente, un jefe de bloque de la oposición matizó el freno a la propuesta: «Todos queremos combatir el lavado de dinero, pero no vamos a firmar un cheque en blanco que le dé superpoderes a la IVE para congelar cuentas o fiscalizar a cualquier guatemalteco sin una orden judicial clara. Necesitamos enmiendas que protejan el secreto bancario legítimo y la economía de los que menos tienen».
La mirada de Washington
Un ingrediente ineludible en las negociaciones de pasillo es la activa postura de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. La sede diplomática publicó la semana pasada en su cuenta de X lo siguiente: «Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas. Aprobar esta ley promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala.
El escenario de hoy en Jefes de Bloque
La reunión de este merdiodía mañana es el verdadero filtro. Si los partidos que se oponen logran consensuar un paquete unificado de enmiendas de consenso, la Ley Antilavado subirá de inmediato al orden del día para su aprobación por artículos, posiblemente el día 2 de junio. De lo contrario, Guatemala seguirá caminando por la cuerda floja financiera, atrapada entre la presión geopolítica y los intereses de las bancadas locales.