- La ONU dice que en Nicaragua no hay garantías procesales contra los detenidos
La jefa de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado que la situación en Nicaragua sigue deteriorándose y teme que la represión se endurezca «aún más» a corto plazo, en un contexto marcado por los arrestos de dirigentes opositores, el cierre de organizaciones e instituciones civiles y el repunte de la migración.
Bachelet ha hecho balance ante el Consejo de Derechos Humanos de la evolución política y social en el país centroamericano para concluir que siguen produciéndose todo tipo de abusos. Ha pedido al Gobierno de Daniel Ortega «cesar inmediatamente las políticas que actualmente sólo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional».
Bachelet, que ha pedido acceso a Nicaragua para personal de su oficina –«constituiría un gesto positivo», ha apuntado–, ha exhortado a las autoridades a cumplir sus obligaciones internacionales y «no alejarse aún más de ellas», en vista de que las presiones no cesan y que, por ejemplo, la Asamblea Nacional ya propone un endurecimiento de los castigos «para perseguir a quienes el Gobierno percibe como sus oponentes».
Esta escalada deriva de las protestas sociales de 2018 y se intensificó con motivo de las elecciones de 2021, en las que Ortega obtuvo la reelección tras promover el arresto de varios rivales. Fruto de la campaña emprendida hace cuatro años, «173 personas se encuentran privadas de libertad», según fuentes de la sociedad civil.
Quienes fueron detenidos en el marco del último proceso electoral, un total de 50 personas, han sido condenados a penas de cárcel de hasta 13 años e inhabilitados, como resultado de unos procesos que Bachelet ha puesto en duda. «Estas condenas se habrían basado en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales», ha advertido.
Asimismo, ha cuestionado las condiciones en las que permanecen recluidos, sin apenas contacto con sus familias, y ha pedido respeto para su integridad física y psicológica, reclamando en general la «inmediata» liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente.
PRESIÓN A LAS ORGANIZACIONES
La preocupación se extiende también a la «dramática reducción del espacio cívico en el país», ya que la Asamblea Nacional nicaragüense, «a petición del Gobierno», ha cerrado sólo este año 388 organizaciones, –454 si se tienen en cuenta los datos desde noviembre de 2018– y doce universidades han pasado a control estatal.
Bachelet ha puesto en duda los argumentos oficiales para decretar estos cierre, que pasan básicamente por esgrimir irregularidades de tipo administrativo, y teme lo que puede ocurrir con la ley que desde mayo regula la labor de las ONG y que obliga a pedir permiso para cualquier actividad, prohíbe la implicación en actividades políticas y limita al 25 por ciento la presencia de «miembros extranjeros».
Los límites y prohibiciones de esta ley obstruyen fuertemente el libre ejercicio del derecho a la libertad de asociación, así como otros derechos esenciales en una sociedad democrática.
MIGRACIÓN «SIN PRECEDENTES»
Toda esta crisis «está expulsando a miles de personas de la seguridad de sus hogares», lo que ha derivado en un nivel de emigración «sin precedentes», en palabras de la expresidenta chilena, que recuerda que sólo a Costa Rica han llegado en los últimos ocho mees 150.000 nicaragüenses, el doble que en el periodo precedente.
Este repunte se nota también en la ruta hacia Estados Unidos, como lo demuestra el hecho de que en marzo las autoridades norteamericanas interceptaran a más de 16.000 nicaragüenses, una cifra también sin precedentes históricos y que multiplica por ocho los datos de un año atrás.
La ONU ha detectado casos de hostigamiento e intimidación contra quienes quieren emigrar, por ejemplo negando la renovación de pasaportes en consulados o reteniendo la documentación en la propia Nicaragua.