Aumenta malestar: Arévalo y grupos sociales exigen salida de Porras, Curruchiche y Orellana

  • El presidente electo convoca al pueblo para que le acompañen a pedir ante la Corte Suprema de Justicia que se quite inmunidad contra la fiscal general, el fiscal de la FECI y el juez, todos involucrados en actos judiciales contra el proceso electoral.

El mismo día que Estados Unidos advierte sobre nuevas sanciones contra quienes traten de impedir la transición democrática en Guatemala, el presidente electo, Bernardo Arévalo ha convocado para una manifestación en la Plaza de los Derechos Humanos, frente a la Corte Suprema de Justicia, para exigir que se retire la inmunidad a quienes actúan contra el proceso electoral «ilegalmente».

El mandatario, que en horas de la mañana tuvo una jornada maratónica de entrevista en la radio, destacó entre otras cosas que “No se puede seguir permitiendo que autoridades que gozan de una posición de poder sigan abusando en contra el Estado de Derecho y el pueblo de Guatemala”, en referencia a la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, y el juez preferido del oficialismo, Fredy Orellana.

Arévalo sostiene que las acciones que ha emprendido el MP “son cometidas de manera arbitraria, por lo cual se exige que se ordene que cesen y se certifique lo conducente, es decir, que se establezca que ha habido un abuso de poder de parte de estas instituciones”, en este caso, el MP y el juez que ordenó las acciones contra el Tribunal Supremo Electoral, violentando la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Arévalo ha explicado que «Estamos presentando distintas acciones. Algunas las hemos presentado la semana pasada e incluyen denuncias contra el juez Orellana por prevaricato, y contra Porras, Curruchiche por abuso de poder». En el caso de los dos primeros, se solicitará que se les retire el derecho de antejuicio y en el de Curruchiche y otros fiscales auxiliares, se exige que sean destituidos por su comportamiento «antidemocrático e ilegal».

A primera hora estuvo en el programa Con Criterio, y luego fue entrevistado por Felipe Valenzuela en Emisoras Unidas, a quien le recordó que «es importante que todos los guatemaltecos y guatemaltecas que creemos y estamos hartos de esta situación donde los corruptos intentan abusar de su poder y su control de las instituciones para burlar la voluntad popular, nos manifestemos y hagamos un acto de repudio nacional colectivo».

Respaldo del interior y el exterior

Mientras el futuro mandatario se encontraba dando declaraciones, los dirigentes de los 48 cantones de Totonicapán y otros dirigentes de autoridades indígenas ingresaron a la capital, como muestra del apoyo al movimiento que se lleva a cabo contra autoridades que han sido señaladas anteriormente por Estados Unidos como «corruptas y antidemocráticas».

También se dio a conocer este lunes que el secretario de Estado adjunto, Brian Nichols, que Estados Unidos contempla imponer sanciones contra aquellos que intentan detener o afectar la transición en Guatemala y recalcó que «de inmediato» el presidente saliente Alejandro Giammattei «tiene que criticar los atentados en contra la democracia».

La convocatoria de Arévalo es para que los ciudadanos lleguen a la Plaza de los Derechos Humanos a las 5:30 de la tarde, cuando se presentará un recurso de amparo contra las acciones del MP y otras acciones contra los citados funcionarios.

En las redes sociales ha surgido un movimiento que se denomina #FueraGolpistas, el cual es respaldado por el Movimiento Semilla y el propio Arévalo, que presentan ahora un frente contra las acciones del Ministerio Público y la judialización del proceso electoral.

En el caso de la solicitud de retiro del antejuicio de la fiscal general, debe ser remitido por la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República, en donde se decidirá sobre la solicitud. El Legislativo está controlado por las bancadas afines al oficialismo. La atención se centra en la actitud que asumirán los diputados ahora que hay manifestaciones populares y la advertencia estadounidense en torno a la crisis.

El caso del juez Orellana es competencia directa de la CSJ, que también se ha acomplado a los mandatos del oficialismo y sus aliados, por lo que la atención sobre los magistrados serán intensa por parte de la sociedad civil de Guatemala y la comunidad internacional.

El Parlamento Europeo también se ha pronunciado en contra del proceder de Porras, Curruchiche y el juez Orellana, pues consideran que se ha violentado el proceso electoral y que se busca de alguna manera impedir el acceso a la presidencia de Arévalo, quien ha denunciado que hay «un golpe de estado judicial en marcha».

(Foto principal Prensa Comunitaria Twitter)