- El ritmo e intención del Legislativo lo marcan diputados del oficialismo y sus aliados: antejuicios, elecciones de magistrados y aprobación del Presupuesto en sus manos.
La crisis política se ha trasladado temporalmente del Ministerio Público (MP) al Congreso de la República, en donde la alianza oficialista ha nombrado dos comisiones pesquisidoras para quitar con prisa la inmunidad al vicepresidente Guillermo Castillo y a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras se intenta retrasar la elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ) y se mantiene pendiente la aprobación del peligroso Presupuesto 2024.
Hasta ahora la atención se centraba en las acciones del MP, que promovió la suspensión de la personería jurídica del partido Semilla, continúa con supuestas investigaciones para declarar un fraude electoral, todo para impedir la llegada a la presidencia de Bernardo Arévalo o debilitar al nuevo gobierno ante un Congreso y sistema de justicia que le serán adversos y opositores.
La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, es la encargada de mantener unida la alianza oficialista. Recientemente Estados Unidos le retiró la visa por su forma de actuar al frente del Legislativo.
Pero ahora ha llegado el tiempo a la otra pieza clave del oficialismo sus aliados. El Greso de la República debe levantar la inmunidad a los magistrados del TSE, para mantener viva la hipótesis del fraude electoral del MP, aunque parece improbable que por el tiempo esta vía impida el cambio de gobernantes el 14 de enero.
En todo caso, se ha nombrado la comisión pesquisidora para el caso del vicepresidente y esta semana podría quedar integrada la de los magistrados del TSE. En corrillos del palacio legislativo se comenta que hay esfuerzos del oficialismo «para alinear» a los partidos aliados, que ahora «negocian» condiciones de carta al fin del período legislativo.
Les presentamos los diputados que integrarán la Comisión Pesquisidora que analizará las diligencias de antejuicio promovidas en contra el Guillermo Castillo, en su calidad de Vicepresidente de la República de Guatemala.
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Presupuesto, «piedra angular»
La aprobación del Presupuesto-2024 es también foco de atención. De hecho, se ha advertido por diversas fuentes que el dictamen aprobado por la Comisión de Finanzas, incluye todas las disposiciones necesarias para que resulte inoperante para la administración de Arévalo, quien se vería atado «de pies y manos» para llevar a cabo los programas contenidos en su plan de gobierno.
📰 Encuentra más información y detalles en el comunicado de prensa➡️ https://t.co/zsYnmiLx2W pic.twitter.com/SC9ZiZ8wt2
— Icefi (@ICEFI) November 2, 2023
La cuenta regresiva para la aprobación del Presupuesto está en marcha, pues el Congreso dispone solamente hasta el 30 de noviembre para aprobarlo o, en caso contrario, quedaría vigente el de 2023, aunque este sería más operable para la nueva administración, porque no incluiría una serie de candados que se han dejado cerrados en el proyecto de la citada comisión.
Lo que se sabe, es que varios diputados que no fueron reelegidos en partidos que ahora componen la «alianza oficialista», han principiado directamente sus «negociaciones» para decidir sobre sus votos en los tres temas sensibles que estarán en agenda en las próximas semanas.
Nueva Corte Suprema y magistrados de salas
La Corte de Constitucionalidad (CC), finalmente ordenó que se procediera a las elecciones de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrados de salas de apelaciones del Organismo Judicial (OJ), y que las mismas concluyan antes del 125 de diciembre. En un afán para retrasar las postergadas elecciones, la Junta Directiva, presidida por Shirley Rivera, presentó ante la sla constitucional un recurso de ampliación, que ya fue denegado.
La razón de dicho recurso era la de tener más tiempo para las «negociaciones» con algunos aspirantes a magistrados, tomando en cuenta que pueden asegurar los votos para cada uno que así lo decidan.
En todo caso, la pretensión del oficialismo es la de asegurar que la siguiente CSJ no se aparte de los intereses de la hoy dominante «alianza opositora», que se prepara para una transición hacia una «alianza opositora» que funcionará desde el 14 de enero y pretende mantener el control del Congreso y del sistema de justicia, en donde ya están asegurados los lazos con el MP a cargo de Consuelo Porras y la CC, en donde no hay voces disonantes.
En ese sentido, dentro de los candidatos que pasaron el convulso corte de la comisión de postulación en 2019, el oficialismo busca aquellos con los que haya mayor afinidad. La actual CSJ se ha mantenido por decisión de esta alianza en el Congreso por más de cuatro años en sus cargos de manera inconstitucional y espuria.
¿Por qué tanto afán contra Castillo?
Desde el primer año de la administración de Alejandro Giammattei, se hizo público el rompimiento con su vicepresidente Guillermo Castillo, quien se manifestó en contra de las política gubernamentales de manera pública en ciertos temas. Eso hizo que el mandatario lo marginara totalmente de todas las actividades y así transcurrió casi todo el período.
Comunicado oficial. pic.twitter.com/BSdrkCI6CA
— Vicepresidencia de Guatemala (@ViceGuatemala) November 8, 2023
Luego de que el MP recibiera una denuncia, se inició el trámite por la vía penal sobre el caso de una contratación, supuestamente «anómala» por parte del vicepresidente, lo que este niega presentando pruebas. Sin embargo, el proceso avanza y se ignora que es lo que se pretende.
El Ministerio Público puede conocer de oficio todas las denuncias sobre acciones ilegales de los funcionarios. Nunca ha iniciado investigaciones por contrataciones anómalas que se conocen por medio de la prensa con detalles. Es la primera vez que este tipo de acciones se persigue.
La duda que hay en el ambiente es sí lo que se pretende es quitar a Castillo y nombrar a alguien de confianza de la «alianza opositora» por si se presenta una nueva crisis política en medio de la transición. Sin que se mencionen fuentes de información, en redes sociales circula la teoría de que se nombraría a Manuel Conde, excandidato presidencial del partido Vamos, con algún fin avieso que, sin embargo, no se contempla en la Constitución, como para que el vicepresidente asuma en caso de no producirse el cambio de presidente.
Los analistas destacan que el oficialismo «juega sus cartas» en diversos escenarios, pero todo está encaminado a no perder el poder que hasta ahora ha logrado crear un marco de impunidad, que debiera seguir a sus servicio, aún si hubiera cambio de mandatario,