- Se le giró la convocatoria de acuerdo a lo establecido con la Ley, pero el MP no confirmó si acataría o seguiría su rechazo a cualquier reunión con el nuevo mandatario.
En unos minutos principiará la reunión de gabinete de ministros del presidente Bernardo Arévalo y aún hay incertidumbre sobre la asistencia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien fue convocada por el mandatario, luego del rechazo a la invitación para una reunión en Casa Presidencial a la que fue invitada la semana anterior.
La funcionaria y jefa del del Ministerio Público (MP), se niega a renunciar, a pesar de la exigencia popular, criticas de la comunidad internacional, y el anuncio del propio presidente, quien anticipó que le solicitaría que renuncie inmediatamente y no espere a concluir su período dentro de poco más de dos años.
La fiscal Porras no tenía obligación de aceptar la primera invitación, pero la ley establece que si es convocada a una reunión con el presidente en gabinete de ministros, tiene obligación de hacerlo.
En la carta de invitación a la reunión «cara a cara», se le pedía que informara al mandatario en la reunión sobre cuatro puntos específicos. La fiscal, que anunció públicamente en las redes sociales que no asistiría, no respondió a ninguna de las solicitudes de Arévalo y prácticamente declaró la guerra al primer mandatario de la Nación.
El anuncio para esta nueva convocatoria lo hizo de inmediato el mismo presidente Arévalo “La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del MP y no por la fiscal (..) de fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asista a le reunión de ministros del lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial”.
“El artículo 4 de la Ley Orgánica del MP establece que quien ocupa el cargo de fiscal general está obligado a concurrir a esta junta, es decir, la fiscal debe venir el lunes”, declaró Arévalo en su momento.
en el Congreso de la República hay una corriente de diputados dispuestos a reformar la ley del MP para que se pueda destituir a la fiscal general, aunque no se ha establecido si cuenta con los votos suficientes, pues no son pocos los parlamentarios que temen ser víctimas de persecución judicial si no logran el cambio de la ley, por lo que no harán pública la intención hasta no estar seguros de tener la mayoría necesaria.
En el Ejecutivo no se descarta «ninguna posibilidad» y también se analiza si jurídicamente es viable sacarla del cargo por medio de una consulta popular, en la que sea el pueblo el que ordene su destitución o recorte su período.
La fiscal general ha sido señalada por la comunidad internacional por su actuación en contra del anterior proceso electoral y, aún antes, por su ser considerada una funcionaria «corrupta y antidemocrática», situación que hizo que Estados Unidos la incluyera en la Lista Engel, lo mismo que a varios de sus fiscales más allegados, mismos que han sido utilizados para encubrir casos de corrupción o perseguir a exoperadores de justicia y periodistas que han asumido posiciones anticorrupción.