La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), por medio de un comunicado, mostró preocupación por la presentación de la segunda solicitud de retiro de antejuicio del Ministerio Público (MP), en menos de una semana, en contra la jueza Erika Aifán.
De acuerdo con esa Asociación, la acción fue gestionada con criterios desiguales que únicamente traen consigo el debilitamiento de la independencia judicial y el Estado de Derecho.
La encargada de presentar las dos solicitudes fue la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), una por el caso Comisiones Paralelas y la otra por supuesto abuso de autoridad.
Asies enfatizó en el comunicado su preocupación por lo que consideraron “la desigual aplicación en los criterios técnicos y jurídicos” adoptados en los últimos meses por la FECI en el caso Comisiones Paralelas 2020, en especial, por el reciente antejuicio planteado por el MP contra la jueza de Mayor Riesgo D.
El 13 de enero se conoció la solicitud de la FECI, argumentando que la jueza Aifán supuestamente abusó de su cargo e incumplió sus deberes al atribuirse los hechos de investigación en el caso. El MP se justificó asegurando que “la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que no existe solicitud de competencia ampliada para el expediente en mención”.
En todo caso, Asies consideró que las inconformidades contra las resoluciones judiciales emitidas por Aifán deben ser procesadas por medio de otros recursos, no mediante el planteamiento del antejuicio.
“Lo apropiado ante la existencia de discrepancias con los fallos judiciales es impugnar éstos por medio de los recursos procesales establecidos en el marco legal. Dicha actuación sienta un delicado precedente que debilita el Estado de Derecho y que, lejos de fortalecer la independencia judicial, ocasiona un detrimento y continúa erosionando la misma”, sentenció la asociación.
Por último, la entidad reiteró como prioridad en Guatemala la libertad de jueces y juezas para emitir sus resoluciones judiciales y las que requieren fundamentarse en la legislación nacional y en los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala.
“Esa libertad garantiza a los habitantes el acceso a la justicia pronta y cumplida”, sostuvo Asies.