Sin embargo, jefe de los demócratas dice que la lucha por lograrlo «continúa»
La asesora principal del Senado de Estados Unidos, Elizabeth MacDonough, ha puesto freno al intento de los demócratas por incluir la legalización de unos ocho millones de migrantes dentro de un nuevo proyecto de ley de gastos que podría haber salido adelante sin el aval de los republicanos.
El Partido Demócrata pretendía utilizar un paquete de 3.500 millones de dólares para otorgar la residencia legal y permanente a las personas que se habían acogido al plan DACA, los llamados ‘dreamers’, a los trabajadores agrícolas, así como aquellos que durante la pandemia estuvieron en primera línea, además de otros beneficiarios por planes de estancia temporal en el país.
El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, ha señalado que se siente «profundamente decepcionados» con esta decisión, aunque ha avisado «la lucha para otorgar un estatus legal» a todas estas personas «continúa».
«Los demócratas del Senado han preparado propuestas alternativas y mantendrán reuniones adicionales con la parlamentaria del Senado en los próximos días», ha avanzado Schumer en un comunicado, del que se ha hecho eco la prensa.
«Estados Unidos siempre ha sido esa ciudad brillante en la colina que da la bienvenida a quienes persiguen el sueño americano y nuestra economía depende más que nunca de los inmigrantes», ha dicho Schumer, quien ha puesto de relieve el esfuerzo que muchos de ellos realizaron durante la pandemia.
«A pesar de que arriesgaron sus vidas durante la pandemia y pagaron la parte que les correspondía de impuestos, permanecen excluidos de la asistencia federal que sirvió de salvavidas para tantas familias», ha subrayado.
Los demócratas argumentan que regularizar la situación de estos ocho millones de personas tendría un «impacto presupuestario sustancial y directo» en los presupuestos, pues se estima que entre beneficios federales, seguros médicos y alimentarios, aumentaría el gasto en unos 139 millones de dólares (118 millones de euros).
Sin embargo, MacDonough, quien se encarga de interpretar el ordenamiento jurídico del Senado y los procedimientos parlamentarios, considera que esta regularización va más allá de la posibilidad de poder optar a unas ayudas del Gobierno, ya que también protege de la deportación, o proporciona permisos de trabajo. En definitiva, podrían «vivir abiertamente» en la sociedad estadounidense.
«Cambiar la ley para despejar el camino hacia este estatus de residente permanente legal es un cambio de política tremendo y duradero que eclipsa su impacto presupuestario», ha escrito MacDonough, por lo que «no era apropiado» incluirlo en el plan de reconciliación, un tipo de medida relacionada con los gastos e impuestos que el Senado pueda sacar adelante con mayoría simple.