Ante la convocatoria pública realizada para la designación de Magistrados Titular y Suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), por parte del Gabinete de Gobierno, más de 40 organizaciones de la sociedad civil solicitaron al presidente de la República, Alejandro Giammattei, elegir a profesionales independientes y autónomos.
“Comprendemos que la legislación interna no contempla un proceso específico el cual debe seguir el Organismo Ejecutivo para la selección, sin embargo, el Estado de Guatemala en virtud de los compromisos adquiridos internacionales debe adoptar medidas concretas que garanticen la selección de profesionales independientes y autónomos. Esto para evitar compromisos que les sujeten al control político del Ejecutivo y a injerencias de poderes extra políticos que dificulten su función judicial, la cual debe estar únicamente apegada a la ley y a su conciencia. En tal sentido, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ofrece una serie de criterios aplicables para la elección y nombramiento de dichos funcionarios”, indicaron a través de un comunicado.
Además, los firmantes detallan una serie de estándares que el Ejecutivo podría aplicar en dicha elección:
Transparencia: debe aplicarse con base en la experiencia, buenas prácticas nacionales e internacionales que garanticen los mecanismos de publicidad adecuados, para que la población pueda seguir de cerca el proceso de postulación, toma de decisión y posterior designación.
Nominación con base en criterios objetivos: es necesario la generación de criterio de evaluación objetivos y cuantificables que permitan la selección de personas atendiendo a méritos de capacidad, idoneidad y ética comprobables, disminuyendo con ello la posibilidad de prácticas de tráfico de influencias o discriminación entre quienes aspiren al cargo.
Participación ciudadana: todo método utilizado para la selección de cargos de alta investidura judicial debe garantizar que no sea nombrado por motivos indebidos, por ello, la participación de la ciudadanía en audiencias públicas, la presentación de objeciones fundamentadas resulta relevante.
“Responsabilidad y Compromiso”
La plataforma de Mujeres Indígenas también emitió un pronunciamiento en el que exhortan a los 14 ministros de Gobierno a asumir con responsabilidad el compromiso de proponer candidatos y designar como magistrados a profesionales con el perfil idóneo en el marco de lo que establece la Constitución.
“Apelamos al juramento que prestaron al tomar posesión del alto cargo, de responder a los intereses de la población y la plena observancia a la Constitución Política de la República y a las Leyes ordinarias, por lo tanto, demandamos de ustedes asumir con responsabilidad el compromiso de proponer candidatos y designar como Magistrados a profesionales con el perfil idóneo en el marco de lo que establece la Constitución y los principios éticos», aseguraron.
Además, la Plataforma considera importante y urgente fortalecer el sistema democrático en Guatemala, la gobernabilidad, la confianza y la unidad ciudadana.
En esa línea consideran que, para lograrlo es imperativo que las instituciones de justicia estén integradas por profesionales apegados a la observancia de las normas y garanticen la independencia e impartición de una justicia pronta, oportuna y pertinente.
Vicepresidente pide transparencia
A estas exigencias también se sumó el vicepresidente Guillermo Castillo, quien hizo un llamado al Consejo de Ministros para que adopten un procedimiento público y transparente.
“El compromiso es solo con Dios, con nuestras familias, con la Patria y con toda una ciudadanía que demanda la más alta conducta basada en ética y principios”, dijo Castillo en su cuenta de Twitter.
Además, añade: “Estoy convencido y confío que el Consejo de Ministros ha tomado con seriedad y responsabilidad este llamado y hará las mejores propuestas”, indicó.
El presidente Giammattei convocó al consejo de ministros mañana para designar al magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. De momento, no se conocen de manera oficial los candidatos que podrían optar a las magistraturas por el Ejecutivo.