- El movimiento de no alcanza la fuerza esperada, pero constituye el primer brote organizado de malestar contra el presidente, que apenas cumplió 45 días en el poder.
Voz de América
Kriscia Recinos
BUENOS AIRES — Cientos de manifestantes se concentraron este miércoles frente al Parlamento argentino y otros puntos en Buenos Aires, atendiendo a la convocatoria de centrales sindicales para protestar contra las reformas económicas planteadas por el presidente Javier Milei, quien asumió el cargo hace poco más de un mes.
En una entrevista a un medio local, Milei arremetió contra los organizadores del paro y dijo que eran parte de un sector que “se quiere quedar en el atraso, el pasado y la decadencia” y se opone a un modelo que “nos pone en el camino de ser desarrollados”.
Las protestas apuntan contra un decreto presidencial, conocido como «Ley ómnibus», que contempla la derogación o modificación de más de 300 normas para desregular la economía argentina, fuertemente intervenida por el Estado, y que habilita profundos cambios en materia laboral. Con este plan, el gobierno de Milei busca reducir el gasto público y disminuir el déficit fiscal, al que responsabiliza mayormente de la inflación del 211 % anual.
Hasta primeras horas de la tarde el paro no se sentía con demasiada fuerza en las calles de la capital, donde en varios barrios los comercios operaban con normalidad. Tras las palabras de los líderes sindicales, los manifestantes comenzaron a desconcentrarse. Según el Ministerio de Seguridad, unas 40.000 personas participaron en la protesta.
Durante la jornada de protesta los aeropuertos de Buenos Aires permanecían abiertos. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 267 vuelos y la reprogramación de otros 26 por la adhesión de los distintos gremios aeronáuticos al paro, lo que afecta a más de 17.000 pasajeros.
Javier, uno de los representantes del gremio camionero, dijo a la Voz de América que como organización se sumaron al paro para “defender los derechos porque están en juego el derecho de los trabajadores” -así como el propio «país»- debido a la reforma laboral. «Hay muchas entidades que están en juego de privatizaciones”, dijo, antes de concluir que el sistema beneficia a las grandes empresas.
Por su parte, Nayla García, una manifestante argentina, afirmó que están participando porque están “totalmente en contra de las medidas” del presidente Milei y dijo que en realidad, su reforma del Estado es una “manera de estar vendiendo nuestra patria, nuestra riqueza y nuestro pueblo”.
“La juventud se quiere organizar porque es nuestro futuro, es nuestra tierra. Tenemos muchos derechos conquistados. Argentina históricamente ha tenido grandes espacios de movilización y de organización. Las madre y las abuelas son un gran ejemplo y es nuestro deber sostener esas bandera y defender lo que es del pueblo trabajador y lo de las mujeres”, comentó García.
Opinión que compartía Víctor Hugo Oviedo, quien señaló a la VOA que, en principio, son casi 600 leyes que se quieren modificar con un decreto, lo que calificó de “inconstitucional”, pues muchas de las leyes deben ser “debatidas y profundizadas”, ya que “modifican toda la matriz». «Vulnera un montón de derechos conquistados”, aseguró.
La huelga de 12 horas, que ya afectaba algunos de los principales servicios del país, como el transporte, los bancos, los hospitales y oficinas públicas, estaba prevista que tuviera su mayor concurrencia por la tarde, según su principal organizador, la Confederación General del Trabajo (CGT).
Milei, un economista de perfil ultraliberal, logró la presidencia de Argentina prometiendo cambios audaces en el manejo económico del país, agobiado por una constante crisis económica que ha sumido a casi la mitad de su población en pobreza.
El capítulo laboral del plan de Milei quedó suspendido por un tribunal a instancias de las demandas iniciadas por la CGT y otras centrales sindicales y terminaría siendo analizado por la Corte Suprema. El proyecto de ley ya fue presentado al Congreso argentino, que este jueves lo revisará, pero que encara un futuro incierto por la clara desventaja numérica que tiene el Gobierno en ambas cámaras.
La semana pasada y tras conocerse de la convocatoria a la huelga general, el gobierno argentino anunció que descontará el día no trabajado a los empleados estatales que se adhieran al paro y la CGT y otras centrales sindicales y organizaciones sociales izquierdistas sostuvieron que con esta medida se pretendía amedrentar a los trabajadores y “criminalizar” la protesta social.
Los sindicatos convocaron a la huelga en rechazo mayormente a los cambios al régimen laboral, que limitan el derecho al paro y afectan su financiación; sin embargo, entre los manifestantes se encontraban también personas no afiliadas a esos gremios.
[Contiene información de AP y Reuters]