- Aunque se presentó, la actitud de la fiscal general de no participar en la Junta de Gabinete aumenta la tensión en torno a su renuncia y puede llevar el caso al campo jurídico
La fiscal general Consuelo Porras se presentó a la Junta de Gabinete este lunes, pero se negó a participar –como lo manda la ley– y la abandonó inmediatamente, insistiendo en la autonomía del Ministerio Público (MP), mientras el presidente Bernardo Arévalo anunció luego que «se estudian las acciones legales a seguir» y reiteró que la petición de su renuncia «está en el tapete y es pública y notoria».
La reunión no duró ni quince minutos, porque según palabras del presidente Arévalo en conferencia de prensa, ella expuso argumentos «que no son aplicables legalmente» para no participar en la reunión y no aceptó los argumentos que se le presentaron para hacerle ver que se estaba actuando en base a la Ley Orgánica del MP y a lo que establece la Constitución.
El MP confirmó poco antes de la reunión que la fiscal general se presentaría en Casa Presidencial, pero no se expusieron argumentos para que no participara en la reunión. Al abrirse la reunión, Porras expuso sus argumentos para no participar. Luego se le dijo que si no participaría se podía retirar y dentro de Casa Presidencial grabó un mensaje para subir en las redes sociales:
#MPfuerteYfirme
La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, se refiere a los puntos abordados durante la reunión desarrollada en reunión de Gabinete de Gobierno realizada en Casa Presidencial. pic.twitter.com/2fT25Tf3Mc— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024
Dos horas después, al término de la Junta de Gabinete, el presidente y sus ministros comparecieron a una conferencia de prensa, en la que Arévalo anunció que la Procuraduría General de La Nación (PGN) «analiza las acciones legales a seguir» y aseguró que las argumentaciones de Porras «no tenían la lectura correcta de las leyes», aunque se negó a anticipar los siguientes pasos, porque «se debe actuar de acuerdo a las leyes y la Constitución».
#AdiósConsuelo 👋 “La solicitud de renuncia es pública y notoria, ella la conoce y está colocada sobre la mesa”
El presidente Bernardo Arévalo señala que hay una negativa de la fiscal general a actuar de acuerdo a la Ley Orgánica del MP y la Constitución.
🎥 Prensa Comunitaria pic.twitter.com/v7ylktGVlS
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) January 29, 2024
Arévalo dijo que a la reunión no se le citó para pedirle la renuncia, sino para hacer «las coordinaciones necesarias para aplicar las políticas interinstitucionales», pero lamentó que la actitud de Porras es una evidente «negativa de ella a actuar como está establecido por la Ley del MP y la Constitución.
Los caminos a seguir
Analistas consultados señalan que hay tres vías que se puede abrir para lograr el retiro o renuncia de la controversial fiscal general Consuelo Porras:
- Abrir un caso por incumplimiento de deberes por no aceptar participar en la Junta de Gabinete de ministros como lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP, que dice:
ARTÍCULO 4. Coordinación – el presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier Junta de Gabinete o de los ministros de Estado. En este supuesto, el Fiscal General estará obligado a concurrir a la Junta, con voz pero sin voto.
Ley Orgánica del Ministerio Público.
- Promover por medio del Congreso de la República reformas a la Ley del MP, para restablecerle al presidente de la República la potestad de remover al o la fiscal general.
- Promover la realización de una Consulta Popular, para que sea el voto popular el que determine la depuración de esa institución de justicia.
Consuelo Porras enfrenta en este momento el repudio popular. Durante el Paro Nacional, las autoridades indígenas ancestrales del país y demás grupos que participaron en el movimiento, expusieron que se exige la renuncia de la fiscal general, el fiscal Rafael Curruchicho, el juez Fredy Orellana y otras autoridades del MP y jueces.
La fiscal general se encuentra actualmente en la Lista Engel de Estados Unidos, país que la ha calificado como una funcionaria «corrupta y antidemocrática», dos características que deben tener quienes se incluyen para ser sancionados en dicha lista.
Lo mismo sucede con los otros personajes repudiados por el movimiento social.