Arévalo cita a Consuelo Porras para verse cara a cara y le pide cuatro informes de temas que «preocupan mucho»

  • El presidente adelantó desde antes de la toma de posesión que le pedirá la renuncia a la fiscal general, señalada internacionalmente por sus acciones antidemocráticas y corruptas.
  • Acoso a la prensa (caso Zamora y demás) e investigación a compra corrupta de vacunas rusas para el covid-19 estarían dentro de la agenda a discutir

Voz de América

El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en ocasiones anteriores ha dicho que una de las primeras acciones que tomaría al frente del gobierno, era pedir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, una de las principales artífices de los retos judiciales que enfrentó Arévalo en su camino al poder.

Eso no ha sucedido, pero este viernes, el mandatario, a través del secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, entregó una invitación formal a la fiscal Porras, para reunirse el próximo miércoles 24 de enero, en la sede del despacho presidencial, y le pidió rendir un informe sobre varios puntos que “les preocupan mucho”, según declaraciones del secretario de la presidencia.

Además, publicó un mensaje en su cuenta de X, dedicado a la jurista.

Esta sería la primera vez que Arévalo y Porras se vean frente a frente, después de que el Ministerio Público presentó tres solicitudes de antejuicio contra el ahora mandatario, buscando retirarle la inmunidad para poder ser investigado en los casos «Toma Usac: Botín Político» y «Corrupción Semilla Fase I y Fase II», en noviembre y diciembre de 2023, cuando Arévalo era candidato a la presidencia.

Bajo el argumento de que una de sus funciones debe coordinar la política general del Estado, Arévalo pide a la fiscal Porras que presente un informe detallado de cuatro aspectos que considera cruciales.

El primero, sería el avance de los procesos penales que son investigados por el Ministerio Público en cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin detalles específicos sobre de qué procesos se trata.

Segundo, un análisis detallado de la política de persecución penal relacionada con el derecho a la libertad de expresión y de prensa, pues según el secretario Guerrero, se ha perseguido a periodistas por hacer su labor e incluso algunos han sido procesados penalmente.

Guerrero refirió principalmente el caso del diario ElPeriodico, un medio que tuvo que cerrar su edición impresa el 1 de diciembre de 2022 y su edición digital el 15 de mayo de 2023. José Rubén Zamora, quien era su director, permanece actualmente en prisión implicado en dos casos penales.

En tercer lugar, el presidente pide información acerca de la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19, como pagos de sobornos con fondos públicos, falta de planificación para la campaña de vacunación y retrasos en la entrega de las vacunas. Guerrero indicó que pese al conocimiento que tiene el Ministerio Público de una denuncia al respecto, parece que la investigación está estancada.

Y, por último, pide detalles del protocolo de actuación del Ministerio Público al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la CIDH para personas consideradas víctimas de afectación de sus derechos fundamentales.

Consuelo Porras es fiscal general de Guatemala desde mayo de 2018, cuando fue designada por el expresidente Jimmy Morales, y luego fue reelecta por el expresidente Alejandro Giammattei.

Su cargo al frente del Ministerio Público ha sido fuertemente cuestionado en el último año por las investigaciones emprendidas contra el partido Movimiento Semilla, operadores de justicia y periodistas. Incluso, en octubre de 2023, se registraron bloqueos a nivel nacional durante más de 20 días y la petición principal era la renuncia de Porras, sin embargo, ella no cedió y continúa en el cargo.

Además, en mayo de 2022, la fiscal fue incluida por Estados Unidos en la lista Engel, “debido a su participación en hechos significativos de corrupción”.

El argumento del Departamento de Estado es que durante su gestión Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos.

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