La compañía matriz APM aceptó la propuesta de sanear el contrato con TCQ, al aceptar todas las condiciones para realizar un nuevo contrato e indemnizar al Estado de Guatemala con US$43.2 millones por reparación civil, además de que en 21 años la empresa pase a propiedad del país, ahora está en manos del Estado aceptarla.
En un comunicado de prensa, APM expresa: “Estamos dispuestos a tomar la responsabilidad económica y moral en este caso…Esperamos que las autoridades coincidan con los términos de la propuesta que permitirá llegar a un acuerdo para comenzar a operar esta necesaria moderna puerta de entrada al Océano Pacífico”.
Al respecto, el interventor Aizenstatd manifestó que le satisface que APM haya aceptado la propuesta, ya que contiene requisiciones fuertes para la empresa.
“En mi calidad de interventor lo que emití fue únicamente una sugerencia, ahora será la Procuraduría General de la Nación (PGN) quien deba emitir la respuesta oficial de parte del Estado de Guatemala ya que sin ella no hay acuerdo alguno”, agregó Aizenstatd.
El auxiliar del juez de extinción de dominio reiteró que esta es una ruta para sanear TCQ y no interfiere en nada con los procesos penales iniciados, “éste es un proceso para rescatar y sanear la empresa en el mejor beneficio de Guatemala, pero quienes cometieron delitos y están siendo procesados deberán pagar por ello, ni un día menos en la cárcel”, añadió.
Además, el interventor dijo que lo que a él corresponde ahora es seguir trabajando, como hasta ahora, para hacer operar TCQ y velar por la transparencia de los procesos correspondientes.
El pasado jueves 21 de julio, el interventor dio a conocer en conferencia de prensa que, conociendo en profundidad la situación de TCQ y luego de un acercamiento por parte de APM hizo la sugerencia de la ruta para que TCQ pueda operar, priorizando los intereses de Guatemala.
La sugerencia incluía anular el contrato de usufructo que existe de forma voluntaria y celebrar uno nuevo por concesión de 21 años el pago de US$ 43.2 millones al Estado de Guatemala por reparación civil, una cláusula de ética y contra la corrupción y que al final de la concesión toda la maquinaria pase a ser propiedad del Estado, entre otros.