Dirigentes políticos y gremiales de Nicaragua rechazaron este miércoles un proyecto de ley del gobernante Frente Sandinista para declarar como agentes extranjeros a activistas y periodistas, al que calificaron de aberrante, peligroso y oscuro para la democracia.
La iniciativa, que podría afectar la actividad de organismos no gubernamentales y medios de comunicación internacionales presentes en el país, propone que debe registrarse como agente extranjero cualquier persona natural o jurídica que reciba fondos o responda a gobiernos o entidades extranjeras.
Quienes sean catalogados como «agentes extranjeros» deberán «abstenerse (…) de intervenir en cuestiones o temas de política interna», añade el texto.
A quiénes involucra
El documento del oficialismo, que es mayoría en el parlamento, también incluye en esta categoría a quienes trabajen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos.
La autoridad competente podrá, según el proyecto, intervenir fondos, bienes muebles e inmuebles de quienes se nieguen a cumplir con el registro de agente extranjero,
«Este es un mensaje peligrosísimo para el sistema democrático y pretende ahogar a oenegés, periodistas y a todo el que no le rinda pletesia a este gobierno, es tratar de acallarnos», dijo a la AFP el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Pablo Cuevas.
El gobierno «no tolera voces discordantes» y apunta a «profundizar la persecución a quienes no se le someten», advirtió el activista.
«Es un mecanismo más de represión» contra opositores y periodistas a los que el gobierno de Daniel Ortega considere que «le están haciendo sombra» en su intento de controlar todo en el país, dijo a su vez a la AFP el politólogo José Peraza.
«Oscuro» y «tenebroso»
El bloque opositor Coalición Nacional, que agrupa a partidos y agrupaciones cívicas, calificó al proyecto de «oscuro» y «tenebroso» y sostuvo que pretende criminalizar a todos aquellos que se opongan al gobierno, «despojándolos de sus derechos de protesta y reclamos sociales».
«Alentamos al pueblo a rechazar, resistir y denunciar todos estos atropellos que, de ninguna manera, podrán detener nuestro proceso de búsqueda de democracia, justicia y libertad en Nicaragua», proclamó.
El director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro, consideró por su lado en Twitter que la ley es «aberrante» y confiscatoria».
La escritora Gioconda Belli dijo en la misma red social que la iniciativa del gobierno: «es inconstitucional y cercena derechos a los nicaragüenses, arrogándose la potestad de llamarlos ‘agentes extranjeros’, nombre que encierra de hecho una negación de ciudadanía».
«Es un instrumento para quitar personería a partidos políticos, impedir candidaturas» con miras a los comicios del próximo año, agregó la autora de «El país bajo mi piel».
- El proyecto de ley surge después que el gobierno anunciara reformas al código penal
- para castigar con cadena perpetua a los autores de crímenes contra menores
- y también de crímenes de odio, como los que -según afirma- se cometieron durante las protestas opositoras de 2018.
En poco más de un año se celebrarán en Nicaragua elecciones presidenciales y legislativas.
El presidente Ortega, de 74 años, gobierna el país desde 2007 y su administración es acusada por por sus adversarios de corrupción y nepotismo.