- Se interpone en contra del Congreso y el presidente Alejandro Giammattei, por negarse a vetarla
La oficialista Corte de Constitucionalidad (CC) ha recibido el pasado lunes un amparo en contra de la Ley llamada de «Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia», la cual atentada con los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución de la República.
Los interponentes son los abogados Erick Castillo, Carlos Lau, Shilenka Arana y la ciudadana Karina Galindo , quienes actuaron en contra del Congreso de la República que aprobó, con los votos del oficialismo, el decreto 39-2022, que contiene la citada ley. También actúan en el amparo en contra del presidente Alejandro Giammattei, quien se ha negado hasta ahora a vetar la Ley.
El abogado Castillo explicó que basan su amparo en el hecho de que la ley criminaliza «infundadamente la libre expresión del pensamiento y limita de forma ilegal su ejercicio», por lo que consideran los interponentes que el Congreso ha actuado en contra de los derechos de la población.
El abogado expone que los diputados no cumplieron con el respeto al orden constitucional, se viola el artículo 35 de constiotucional, así como la Convención Americana de los Derechos Humanos –Pacto de San José–, la que obliga a los estados a respetar el libre acceso a la información y la distribución de información «sin restricción alguna».
Según los abogados, el amparo también fue promovido contra el presidente Alejandro Giammattei para que, en defensa de la constitución, en consejo de ministros, haga uso de la institución del veto y le devuelva ese decreto al Congreso de la República para que lo impruebe y archive.
La Ley contra la Ciberdelincuencia, es señalada como una ley que provoca censura y fue arobada por 100 diputados oficialistas el 4 de agosto. Desde entonces, varias oreganizaciones de prensa se han pronunicado en recvhazo a la Ley, pero Giammattei no la ha vetado y en cualquier momento podría firmarla y ordenar su puiblicación.
El peligro represivo
Por otro lado, está en marcha en el Congreso otro decreto, la iniciativa 6076, con la cual se pretende conceder mayor autoridad para que la PNC y el ejército puedan actuar con violencia en contra de las manifestaciones y protestas públicas, la que también constituye un peligro para las acciones ciudadanas de las guatemaltecos.
Los mismos abogados manifestaron que no descartan acciones contra esta ley más adelante, aunque por el momento pareciera que la presión social ha restado velocidad en su aprobación, toda vez que diversos sectores ciudadanos han expresado su repudio hacia aumentar la fuerza represiva del Estado, que atenta contra el derecho a la libre manifestación, también contemplado en la Constitución.
Ningún gobierno anterior ha pretendido aumentar el poder represivo del Estado en contra de la población.