Ambiente político sigue enrarecido por acciones ilegales del MP, criticadas nacional e internacionalmente

  • El repudio es generalizado tras el allanamiento ilegal por parte de fiscales de la FECI a las instalaciones del TSE y apertura de cajas electorales, rompiendo la cadena de custodia

No es común ver que la fiscalía de cualquier país del mundo realiza actos ilegales que contravienen mandatos constitucionales. Sin embargo, el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Consuelo Porras, ha irrumpido en el proceso electoral y llevado a cabo actos que violan los mandatos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que tiene rango constitucional.

La lluvia de criticas no se ha hecho esperar por parte de organizaciones nacionales e internacionales, que señalan que lo sucedido en Guatemala no debiera ocurrir en ningún país democrático del mundo, entre otros señalamientos que se han vertido contra la institución fiscal, particularmente de organismos europeos –el Parlamento– y del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En el plano nacional el Foro Guatemala, que aglutina a varias instituciones de la sociedad civil, se ha sumado a las criticas, destacando la ilegalidad del allanamiento, iniciado el pasado martes y concluido apenas este jueves en horas de la mañana.

La coincidencia de las criticas se centra en esta ocasión en la violación a las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral, que es el único responsable, por mandato de la LEPP, lo que significa que el fiscal Rafael Curruchiche y el equipo de fiscales de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), se extralimitan en sus funciones al arremeter contra el proceso general en pleno.

La intención de la FECI, según declaraciones del propio Curruchiche, es probar supuestas «anomalías» en el proceso electoral, y en respuesta a una «denuncia que interpuso un ciudadano», según sus declaraciones a la prensa en el momento de atropellar las instalaciones del TSE en el Parque de la Industria.

En este tuit de Manfredo Marroquín se pueden escuchar las intervenciones de parlamentarios europeos sobre el caso de Guatemala[

El pleno del Parlamento Europeo denunció este jueves los intentos por parte especialmente del Ministerio Público de Guatemala de “revertir el resultado” de las elecciones del pasado 25 de junio, en las que se impuso Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, quien ya ha sido reconocido por el TSE como presidente electo.

En la resolución aprobada por los eurodiputados destacan la “clara victoria electoral”, de Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera y destacan que los comicios fueron “pacíficos” y estuvieron “bien organizados», contrario a lo que pretende demostrar el MP, al tiempo que condena las acciones de los fiscales en su intento por «revertir» los resultados instsrumentalizando la justicia.

El ambiente político en Guatemala sigue enrarecido y no son pocas las advertencias de diversos sectores en el sentido de que se trata de socavar la democracia y debilitar la llegada del nuevo gobernante en enero del próximo año.

Por su parte, las organizaciones que forman el bloque de análisis político conocido como Foro Guatemala, destacan en un comunicado emitido ayer que el articulo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos estable que: «El Tribunal Supremo Electoral y las Juntas Electorales Departamentales, conforme a las atribuciones que les confiere esta ley, son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral.»

El grupo también recuerda que

Recordamos que el artículo 223 de la Constitución de la República establece que: Todo
lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos politicos, organizaciones politicas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia.»

el MP ha respondido que sus acciones se apegan a «una orden de juez», y no contravienen la LEPP. El juez en cuestión es Fredy Orellana, señalado por ser subordinado a las peticiones que las fiscalías le solicitan. En este caso, la solicitud de allanamiento fue solicitada por la FECI, que entonces resulta ser la fiscalía responsable del allanamiento.

Tanto la fiscal general, Consuelo Porras, como el fiscal Rafael Curruchiche (FECI) y el juez Orellana, han sido señalados por Estados Unidos por ser funcionarios «corruptos y antidemocráticos», razón por la cual fueron incluídos en la Lista Engel para ser sancionados.

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