Alianza por las Reformas señaló que la captura de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Leyli Santizo y la acusación en contra de la exsubjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa son actos de criminalización “descarada”.
La organización indicó que el mensaje que se envía por parte de las autoridades de Gobierno es que se está utilizando el principio de legalidad para perseguir a quienes lideran relevantes investigaciones vinculadas a casos de corrupción y han “asfixiado” al país.
Además, contextualizó que en el pasado ambas mujeres condujeron investigaciones contra “peligrosos criminales, cuyos intereses ahora son protegidos desde la cúpula del MP”.
En el caso particular de Santizo, se distinguió que tuvo a su cargo la investigación del caso Manipulación de la Justicia, en el cual se acusó a Erick Melgar Padilla. También participó en el caso Génesis, que involucró una estructura criminal liderada por Walter Obdulio Mendoza. Además, ha defendido a fiscales de la FECI que llevaron casos como Odebrecht, Construcción y Corrupción y Comisiones Paralelas 2020.
Alianza por las Reformas consideró que las autoridades del Sistema Penitenciario deben garantizar la integridad de Santizo, puesto que luego de ser aprehendida fue trasladada al centro penitenciario Mariscal Zavala.
“Está compartiendo espacio con personas que se encuentran privadas de libertad derivadas de casos que la licenciada Santizo litigó, lo cual la coloca en una situación de altísima vulnerabilidad”, alertó la organización.
En este marco, la alianza instó a los órganos internacionales a velar por el respeto a los Derechos Humanos de la profesional y rechazar cualquier tipo de persecución arbitraria. Del mismo modo, instó a los países donantes a emitir sanciones financieras contra el Gobierno de Guatemala.
“Repudiamos el evidente mensaje que las autoridades del Gobierno liderado por Alejandro Giammattei, en colusión con la fiscal general, María Consuelo Porras y en complicidad con las élites económicas tradicionales, están enviando a toda la ciudadanía. (…) Si las autoridades no reciben mensajes claros no se detendrán y pronto será demasiado tarde”, sostuvieron los miembros de la organización.
Por último, la Alianza por las Reformas hizo un llamado a la población en general a pronunciarse sobre el abuso contra periodistas, profesionales del derecho y defensores de Derechos Humanos.
“Convocamos a toda la sociedad guatemalteca a movilizarnos, organizarnos contra el deterioro de las garantías democráticas, a rechazar cada acto intimidatorio y a repudiar esta criminalización de personal comprometido con la justicia a quienes no podemos dejar solas ni darles la espalda”, invitó.
Entre otras acciones también señaló que la ciudadanía debe estar pendiente de la elección de Fiscal General, pues consideran que el nombramiento de una persona idónea podría detener este tipo de persecuciones sin fundamento.
“Solamente la unión de la población puede detener este creciente autoritarismo que pretende afianzarse en la selección de la o el siguiente Fiscal General con una reelección o el nombramiento de alguien con iguales cuestionamientos, por lo que es fundamental fiscalizar este proceso”, declaró la organización.