La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes las «tácticas» utilizadas por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para acallar voces críticas y disidentes y alertó de que la crisis de Derechos Humanos se ha agravado en el país ante la demanda de la sociedad civil, que aboga por un cambio.
Desde que estalló la crisis en materia de Derechos Humanos en 2018, año de fuertes protestas contra el Gobierno, las autoridades «no han dado tregua alguna a ninguna forma de disidencia o crítica», tal y como ha advertido la organización.
En su informe ‘El Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua’, AI señala que las autoridades del país se han dedicado, específicamente, a «erradicar, a cualquier coste, el activismo y la defensa de los Derechos Humanos».
Así, Nicaragua está sumido en «uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país, donde cualquier persona que se oponga a las políticas del Gobierno puede perder su libertad y hasta su vida».
Sistemático
La directora para las Américas de la ONG, Erika Guevara, manifestó que «durante casi tres años, el Gobierno de Ortega ha mostrado una y otra vez que está dispuesto a cualquier cosa para evitar que los derechos humanos sean una realidad en Nicaragua».
En este sentido, expresó que es «necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión».
Para ella, cuando las imágenes de la «violenta represión contra las protestas masivas (…) colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo en 2018 parecía que la crisis de Derechos Humanos había llegado a su punto más álgido». Sin embargo, ha matizado, la «pesadilla continúa».
Las organizaciones a nivel local continúan alertando de la utilización por parte del Gobierno del poder judicial para «encarcelar activistas en procesos arbitrarios», afirmado la ONG, que sostiene que más de un centenar de personas continuaban entre rejas a finales de 2020 por «ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica».
El informe de AI señala que en las cárceles del país los detenidos por su activismo siguen sufriendo malos tratos y episodios de hostigamiento como «elementos adicionales de castigo».
La pandemia agrava las violaciones
Asimismo, la ONG ha lamentado el «agravamiento» de esta situación y de las condiciones carcelarias en Nicaragua debido a la pandemia de coronavirus, que ha generado alarma entre las familias de los presos y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Activistas a nivel local han relatado a AI que decenas de personas arrestadas por motivos políticos «sufren padecimientos médicos que los hacen especialmente vulnerables ante la COVID-19».
«De acuerdo con testimonios recogidos por Amnistía, aunque algunas personas detenidas han mostrado síntomas que podrían ser compatibles con el virus, las pruebas son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios«, afirmaron.
Esto no mejora al salir de prisión, lo que ha llevado a activistas excarcelados y familiares de presos a denunciar que «el acoso tras volver a sus hogares es tal que les impide ejercer sus actividades cotidianas, como trabajar o estudiar».
- Las expresiones de acoso enumeradas por la organización incluyen controles excesivos por parte de autoridades migratorias y policiales en las fronteras con países vecinos, asedio policial en actos religiosos,
- vigilancia continua en sus viviendas a manos de agentes policiales, detenciones, agresiones físicas, amenazas verbales directas de agentes policiales, pintas en sus casas con amenazas y ataques, o daños a su patrimonio y fuentes de ingreso.
Periodistas
En diciembre de 2020, organizaciones locales estimaban que 31 personas excarceladas fueron nuevamente detenidas y privadas de su libertad por ejercer sus derechos, tal y como indica el texto, que explica que «los periodistas y defensores de los Derechos Humanos sufren un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades» del país.
Para muchas personas esto incluye la cancelación de sus registros legales, la incautación de sus bienes y, recientemente, la destrucción de sus instalaciones.
La defensora de los Derechos Humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, ha aseverado que se están aprobando «instrumentos de represión para dar forma de legalidad a todas las agresiones que, desde hace mucho tiempo, se han estado cometiendo contra los Derechos Humanos».
«Las leyes que el Gobierno de Ortega quiere impulsar están concebidas, diseñadas y aprobadas para reprimir», insistieron