A través de un comunicado, la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) mostraron su solidaridad con los jueces de Mayor Riesgo: Erika Aifán, Yassmin Barrios, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, quienes solicitaron a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, desestimar las denuncias presentadas en contra de los juzgadores.
En el documento, AGJI expresó públicamente su “respaldo y acompañamiento, por la difícil situación en la que se encuentran”, debido a la persecución que se ha generado en su contra.
“Instamos a la ciudadanía a exigir respeto y protección a la independencia judicial, porque es su derecho a contar con jueces independientes e imparciales que apliquen la justicia sin ningún tipo de presión e intromisión indebidas”, indica esa Asociación.
Además, indican que “estamos conscientes que como funcionarios públicos debemos rendir cuentas y que la ciudadanía tiene el derecho a contar con jueces independientes, imparciales y honestos, pero no es válido que se presenten denuncias infundadas, espurias o falsas, con el fin de hostigar, intimidar o tomar venganza por resoluciones judiciales”, expresaron.
AGJI agregó que dichas denuncias no son constitutivas de delito y se convierten “en un mecanismo de hostigamiento e intimidación en contra de los jueces. Si oportunamente fueren presentadas diligencias de antejuicio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe rechazarlas in limine”, resaltan.
Y añadieron que “sería lamentable que el Estado de Guatemala se convierta en cómplice de dichas acciones espurias”.
Medidas cautelares
La Asociación de Jueces por la Integridad, recordó también que, “las juezas Erika Aifán, Yassmin Barrios y los jueces Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que el Estado de Guatemala tiene el deber de actuar con la debida diligencia para proteger la independencia judicial y la seguridad personal de dichos funcionarios”.