Mario Fuentes Destarac
Nuestra sociedad ha estado marcada por la intolerancia, el irrespeto a las ideas o creencias de los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias, y, en general, por la ausencia de diálogo y deliberación. Sin duda, estas prácticas antidemocráticas abonan el terreno de la confrontación, la conflictividad, el aislamiento y la violencia.
Inequívocamente, la democracia republicana se mantendrá en peligro y riesgo en Guatemala mientras no se habiliten e institucionalicen espacios para el diálogo abierto, incluyente, franco e integral, que redunde en compromisos serios y responsables, susceptibles de ser cumplidos, utilizando al efecto los medios legales que corresponda.
El autogobierno, que se traduce en el gobierno del pueblo, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es un elemento esencial de la democracia republicana. Si bien en el marco del autogobierno, el pueblo no gobierna directamente, sino que lo hace a través de sus legítimos representantes, esto no significa que estos manejen la cosa pública a espaldas de la población o sin tomar en cuenta sus inquietudes, aspiraciones e intereses.
De ahí la importancia de que exista una suerte de instancia permanente de análisis, debate, propuesta y recomendación, en la cual estén representadas las fuerzas vivas del país. En fin, un foro deliberativo en el cual se facilite el intercambio de ideas, el diagnóstico y la evaluación, la concreción de acuerdos sociales, económicos y políticos de largo aliento, así como la generación de los necesarios ajustes que nuestra democracia institucional vaya requiriendo.
Lamentablemente, los políticos y burócratas no han estado dispuestos a garantizar una participación ciudadana real y efectiva en el control de las decisiones. Se han autoproclamado dueños absolutos de la verdad y, por consiguiente, también han monopolizado la toma de decisiones, por lo que no extraña que muchas sean contrarias a los intereses sociales y nacionales.
Luego, tampoco sorprende que solamente haya habido voluntad política para instalar coloquios intrascendentes, cuales válvulas de escape o mecanismos coyunturales de oxigenación política, tales como el Gran Diálogo Nacional, del jefe de Estado, Óscar Humberto Mejía Víctores (1985); los Encuentros de Actualización, del presidente Álvaro Arzú Irigoyen (1999), y las Mesas Intersectoriales de Diálogo, del presidente Alfonso Portillo Cabrera (2003).
En conclusión, propongo que se institucionalice una instancia permanente participativa de análisis, deliberación, recomendación y propuesta, coordinada por aquellos órganos y entidades del Estado que, por disposición constitucional, tienen iniciativa de ley (y no solamente por el Gobierno), que sea capaz de opinar y proponer.
Conforme el artículo 174 de la Constitución tienen iniciativa para la formación de las leyes los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.
Podría pensarse en una suerte de Consejo de Estado que analice, formule y proponga proyectos de ley; elabore y recomiende políticas públicas; evalúe proyectos de desarrollo económico y progreso social; vele por la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestario; proponga fórmulas de fortalecimiento institucional y dignificación de la función pública, así como analice y determine las causas de la conflictividad social, económica y política, para que sean abordadas con pertinencia y eficacia.
Si bien la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está coadyuvando en depurar las instituciones del sector público y el sistema de partidos políticos, así como promoviendo la persecución penal contra quienes han pervertido la función pública y la acción política, la construcción de la vía que nos garantice el buen Gobierno, el Estado de Derecho y la economía de mercado, es una misión que nos incumbe exclusivamente a los ciudadanos.
El buen Gobierno y el Estado de derecho están asociados con 1) El acceso al poder público por vía democrática, conforme un régimen de legalidad justo, razonable y coercible, así como la alternancia en el poder; 2) La separación de poderes públicos y la descentralización; 3) El imperio de la ley, es decir, la sujeción de gobernantes y gobernados a la ley; 4) La rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios; 5) La transparencia y el acceso a la información pública; 6) La profesionalización del servicio público, o sea, la implantación de una carrera de servidor público, basada en una selección por oposición, sustentada en méritos de capacidad, idoneidad y honradez; 7) El control de las finanzas públicas; 8) El control ciudadano (libertad de prensa y auditoría social); y 9) La asesoría, la conciliación, la mediación y el arbitraje como métodos alternativos de solución de conflictos.
El libre mercado supone la economía de mercado, sustentada en la libre competencia, la libertad de decisión de oferentes y consumidores, la vigencia de las reglas de la oferta y demanda, así como en la protección de la libertad de comercio, industria, trabajo y contratación o transacción.
¡Ahora es cuando!
* Abogado y Notario (URL). Máster en Administración de Empresas (INCAE). Catedrático de Derecho Constitucional (URL). Columnista del diario elPeriódico. Vicepresidente de Acción Ciudadana. Exdecano de Derecho (URL). Expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON). Expresidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Exvicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.