El Estado de Calamidad aprobado por el Gobierno será sujeto de una impugnación por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La diputada Nineth Montenegro interpuso (el domingo pasado) una acción para que se deje sin efecto esta normativa.
Este decreto gubernativo 7-2016 aún no está ratificado por el Congreso, por ello Montenegro propone anularlo porque sigue vigente, además a su criterio existen un vacío legal y se violan dos artículos constitucionales (libre locomoción y reunión).
El acuerdo da vía libre para que el Estado no licite ni cotice, por ello no está sujeto a la Ley de Compras que se basas en La Ley de Orden Público. Según la parlamentaria hasta ahora no ha existido quórum y por ello se busca suspender esta normativa.
Esta normativa no ha sido conocida por el Congreso, la misma deberá ser ratificada o rechazada en la sesión plenaria de este martes. Los jefes de bloque abordaron el tema de nuevo este lunes pero varios legisladores de la bancada oficialista ven difícil alcanzar los 105 votos (mayoría calificada) para aprobar el Estado de Calamidad, por lo cual prometieron reunir los votos necesarios y que el acuerdo se conozca por el pleno.