AC: Persiste los ataque constante contra la imparcialidad de los funcionarios judiciales

La organización Acción Ciudadana emitió un comunicado en el cual se pronunció en contra de los ataque a jueces independientes en Guatemala, específicamente, en el caso de la jueza Erika Aifán, “cuyo trabajo es honorable, valiente e independiente”.

La Corte de Constitucionalidad ratificó su decisión de reactivar el trámite de antejuicio planteados en contra de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, promovido por magistrados señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020”, señala la organización en el documento.

Asimismo, indican que los magistrados de la máxima corte resolvieron declarar sin lugar un recurso de aclaración y ampliación que planteo la juzgadora el pasado 19 de septiembre, por el fallo que le revocó el amparo provisional.

Ahora, el expediente será enviado a la Corte Suprema de Justicia para que continúe con el trámite correspondiente.

Durante una audiencia, Aifán explicó a la CC que las diligencias promovidas en su contra carecen de fundamento jurídico “pero estas acciones tienen como objetivo intimidarla y abrir la puerta a diversos procesos penales en su contra, con el peligro de encarcelarla. Además, coloca en riesgo su vida, por lo que el antejuicio promovido viola su derecho a la independencia judicial».

“La CC señala que la solicitud del recurso de aclaración y ampliación únicamente evidencia inconformidad con lo resuelto”. Agrega que con la decisión del pleno no se afecta la independencia judicial del trabajo de Aifán y no se está cumpliendo con las medidas cautelares decretadas a su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Antejuicio

En julio de 2020, la CSJ dio trámite al antejuicio que el Instituto de Magistrados de Cortes de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ) planteo contra la jueza.

Según el IMCAOJ, Aifán autorizó diligencias de investigación contra jueces y magistrados que gozan de inmunidad en el caso de Comisiones Paralelas 2020 por lo que consideran que pudo incurrir en abuso de autoridad. Además, el Instituto se opone a que la juzgadora tenga a cargo el proceso.