El Consejo de la Carrera Judicial autorizó que Mynor Moto se reintegre como juez de primera instancia penal, aunque actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La instancia que se encarga de administrar y auditar el trabajo de los jueces en Guatemala autorizó que el exjuez se reintegre a sus labores a partir del 14 de abril. La justificación es que se encuentra gozando de un permiso el cual vence el 13 de abril, por lo que un día después debe presentarse a trabajar.
Ante ello, la organización Acción Ciudadana envió una carta a la fiscal general, Consuelo Porras, en donde le exige que se agilice una denuncia presentada en contra del CCJ por buscar beneficiar a Moto.
“El Consejo de la Carrera Judicial a través de una resolución autoriza que el prófugo de la justicia Mynor Mauricio Moto Morataya reintegrarse como juez Tercero Penal a partir del 14 de abril. Dicha resolución es desafiante y alevosa, toda vez que busca dar inmunidad a una persona que se encuentra huyendo de la justicia”, señala AC en la misiva.
Además, asegura que el día 08 de febrero del presente año, presentó una denuncia por encubrimiento propio en contra de miembros del Consejo que buscaban beneficiar a Moto por medio de una resolución que pretendía otorgarle una inmunidad que ya no ostentaba.
“Hasta la fecha no conocemos ningún avance de la denuncia que se encuentra a cargo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Esta inacción es interpretada por agentes que procuran la impunidad como una luz verde para continuar protegiendo a aliados y operadores de corrupción, en detrimento del precario Estado de Derecho”, señala.
Asimismo, indica que esta nueva acción del Consejo “revalida la acusación que hicimos en su momento cuyos miembros pretenden dar un puente de impunidad, cediendo el privilegio de inmunidad a alguien que ya perdió todas las calidades como juez y que incluso, tiene orden de captura internacional”.
Ante ello, AC exige a la Porras y a los miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción que den cuenta del estado en que se encuentra la denuncia presentada y que cumplan con su obligación de ejercer la acción penal en este caso de tanta relevancia para la vigencia del Estado de Derecho en Guatemala.