| A pesar del control que tuvieron sobre las elecciones presidenciales de 1966, no pudieron evitar el triunfo del Partido Revolucionario y su binomio: Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas. Cabe decir que el nombre del partido no reflejaba la esencia conservadora de la mayoría de sus integrantes, pero, aun así, el ejército no quería sorpresas y todo lo que no fuera extrema derecha, los asustaba. |
Historiador y analista político
En varias ocasiones he demostrado cómo el poder civil NO ha logrado ser independiente de la cooptación de actores fácticos como el ejército y un sector mínimo de las élites económicas, durante el lapso de 1954 a nuestros días. He afirmado en varias ocasiones que, evidencia de esto, lo podemos observar en tres gobiernos específicamente: Méndez Montenegro (PR 1966-1970), Vinicio Cerezo (DC 1986-1991) y Álvaro Colom (UNE 2008-2012).
El caso más vergonzoso fue el del Partido Revolucionario (PR), anterior al gobierno de Arana Osorio. Lo burdo del proceso y, sobre todo, el descubrimiento público del llamado Concordato, lo hace un caso paradigmático; pues en los casos de Cerezo y Colom no quedó evidencia escrita y pública, aunque se conocieron claros indicios de la cooptación. Incluso Vinicio lo manifestó en una entrevista pública después de su mandato.
El golpe de Estado del 31 de marzo de 1963, acaudillado por el coronel Enrique Peralta Azurdia, terminó con cualquier posibilidad democrática para corregir el rumbo de una Guatemala agobiada por la crisis política, social y económica que dejó la intervención norteamericana de 1954 y el desgobierno del general Miguel Ydigoras Fuentes (1958-1963). ¿La razón? El ascenso político del ejército gestado –paradójicamente– en el primer gobierno de la Revolución y consolidado en el gobierno de facto de Peralta en los años sesenta.
Preocupados por la reorganización de las fuerzas de izquierdas en el país y un naciente movimiento guerrillero, el alto mando militar tomó en sus manos el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, para garantizar que la nueva constitución fuera lo más conservadora posible y que incluyera la lucha frontal contra el “comunismo”; así mismo, que los castrenses quedaran blindados ante cualquier proceso judicial o político por sus desmanes.
A pesar del control que tuvieron sobre las elecciones presidenciales de 1966, no pudieron evitar el triunfo del Partido Revolucionario y su binomio: Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas. Cabe decir que el nombre del partido no reflejaba la esencia conservadora de la mayoría de sus integrantes, pero, aún así, el ejército no quería sorpresas y todo lo que no fuera extrema derecha, los asustaba. Incluso, el candidato era Mario, hermano del presidente, pero este fue asesinado a pocas semanas de los comicios y Julio César tuvo que tomar su lugar, pues no había tiempo para posicionar a otro candidato.
A pesar de lo anterior, la campaña presidencial se colgó del estribillo: “somos el tercer gobierno de la revolución”, en clara alusión a los dos gobiernos verdaderamente revolucionarios de Arévalo y Árbenz. Lastimosamente, en la realidad fue todo lo contrario, pues el ejército mantuvo sujetado al binomio, siendo el resultado final, un verdadero desastre, muy sangriento, por cierto.
La verdad salió a luz, ya que el documento que sujetaba al poder civil se hizo público, siendo denunciado por el propio vicepresidente Marroquín Rojas. El famoso “Concordato” demostraba que el presidente de la República era tan solo una figura decorativa, pues las decisiones importantes quedaron en manos del alto mando castrense. El primero en reconocer públicamente la existencia del libelo fue el propio coronel Peralta Azurdia en 1973, no como un acto de transparencia histórica, sino para defenderse de los señalamientos que le hacían como único autor de la imposición al gobierno civil. El coronel tenía ambiciones presidenciales (al final fue candidato del Movimiento de Liberación Nacional) y no le convenía una mancha tan grande en su haber.
La explicación del golpista fue que el Partido Revolucionario fue quien promovió la suscripción del documento, dado su temor a que la cúpula militar no les entregara el poder a los recién electos. La respuesta del Lic. Carlos Sagastume Pérez, secretario general del PR en esa época, no se hizo esperar y puso en entredicho la versión militar. Afirmó que el PR no había solicitado nada y que, si algún miembro del partido hubiese hecho tal petición, lo habría gestionado a título personal. Por su parte, Méndez Montenegro y Alberto Méndez dijeron que fue Peralta Azurdia –en nombre del ejército– quien había presentado la exigencia de que se firmara tal condicionamiento. El documento fue suscrito por 18 personas, de las cuales, 15 eran militares y tan solo 3 civiles; incluyendo nada menos que al presidente y al vicepresidente electos, así como el secretario general del Partido Revolucionario, devenido en “oficial”.
Hoy en día, sucesos como el narrado nos parecen imposibles, pero cuestiones similares ocurrieron con Vinicio Cerezo y Álvaro Colom, aunque con formas más solapadas y sin dejar rastro público visible.
La historia sigue siendo jueza implacable y la guía para entender situaciones que, a simple vista, nos parecen ininteligibles. Lo que en un principio vemos como errores presidenciales y/o gubernamentales, pueden ser, en realidad, producto de compromisos adquiridos previamente para poder tomar posesión. Ojalá no sea el caso del actual gobierno, pero ante la carencia de una comunicación eficaz y estratégica, uno empieza a elucubrar. Entiendo las tremendas dificultades para llegar y luego gobernar un país tan difícil. Primero, la dictadura militar abierta, luego la dictadura corporativa y ahora, la irrupción del narco como nuevo actor decisivo.
Soy un simple ciudadano que les votó en segunda vuelta, convencido que era la única opción viable. Me encantaría conocer las razones por las cuales se dan casos como: el cambio de discurso en campaña respecto de la fiscal general o respecto de la presencia de CACIF en medio centenar de instancias públicas o el apoyo que todos esperábamos en el caso de la USAC. Tampoco se puede comprender el mantenimiento de tanto corrupto en el Estado o, peor aún, la recontratación de muchos de ellos. Destituciones sin denuncia pública y seguimiento del proceso como en el Aeropuerto o el Ministerio de Ambiente; los casos de PERENCO o la minera en Jutiapa; nombramientos como el de Oscar Chichilla en INTECAP, el sostenimiento de la ministra del MICVI a pesar de las colas en otros gobiernos, y tantos otros ejemplos, seguramente tienen una explicación lógica, no necesariamente plausible, pero sería muy provechoso que conociéramos los argumentos.
No quiero comparar el caso de Méndez Montenegro con el actual, pues los tiempos ya no son tan primitivos y no creo que Bernardo y Karin hubiesen aceptado tal nivel de cooptación. Los acuerdos se hacen entre iguales, pero cuando la correlación de fuerzas es muy desigual entre los grupos democráticos y las mafias, al lado oscuro solo le queda la imposición, el desgaste y la amenaza.
Quiero pensar que todo se reduce a problemas de percepción y comunicación. Así mismo, reconozco que seguramente hay entretelones que no pueden ser públicos. El quid de la cuestión es que el tiempo avanza y el apoyo popular es un activo que disminuye y puede provocar crisis en el corto plazo.
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