La justicia británica asestó el martes un golpe implacable al primer ministro Boris Johnson al considerar «ilegal y sin efecto» su decisión de suspender el parlamento hasta los días previos al Brexit, tras lo cual se multiplicaron los llamados a su dimisión.
La decisión de «suspender el parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable», afirmó la presidenta de la Corte Suprema, la jueza Brenda Hale, anunciado una decisión tomada unánimamente por los once magistrados del más alto tribunal.
La medida fue «nula y sin efecto», agregó Hale, asegurando que por lo tanto «el parlamento no fue suspendido».
En consecuencia los diputados volverán a ser convocados el miércoles por la mañana, anunció poco después el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow, quien había denunciado la medida como un «ultraje constitucional».
Y cuanto se reúnan de nuevo los legisladores, se anuncian complicaciones para el controvertido primer ministro, en el poder desde finales de julio.
«Debemos hacer que el gobierno rinda cuentas de sus acciones. Ahora Boris Johnson debería dimitir», afirmó el diputado nacionalista escocés Ian Blackford, mientras a las puertas de la Corte Suprema un grupo de manifestantes coreaba «¡Johnson fuera, Johnson fuera!».
También desde el congreso anual del Partido Laborista en Brighton, el líder de la oposición Jeremy Corbyn llamó al primer ministro a renunciar.
El controvertido Johnson, que se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, recibe así un nuevo golpe, tras los duros reveses recibidos en las últimas semanas.
Antes de la suspensión parlamentaria, sufrió una rebelión entre los diputados conservadores, perdió la mayoría absoluta, vio aprobada una ley que le obligaría a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit y denegada su propuesta de elecciones anticipadas para salir del bloqueo.
Importante precedente judicial
Las dos cámaras del parlamento británico vieron sus labores suspendidas durante cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, o sea, hasta solo dos semanas antes del Brexit.
Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno pero que suele prolongarse solo unos diez días.
Pero diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de haber tomado esta medida para amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre.
La tradicional ceremonia de suspensión fue boicoteada por la inmensa mayoría de los Lores en señal de protesta, mientras algunos diputados gritaban «¡Vergüenza, vergüenza!».
La suspensión provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales que desembocaron en recursos ante la Corte Suprema después de que un tribunal de Edimburgo y otro de Londres dictasen sentencias contradictorias.
Según los especialistas, el hecho de que la Corte Suprema haya considerado que el debate no pertenece únicamente a la esfera política crea un importante precedente.
No se trataba únicamente de saber si la suspensión era legal o ilegal, sino también de determinar «si la Corte Suprema británica se convierte en árbitro, una especie de Tribunal Constitucional en un país sin constitución escrita», explica Tony Travers, politólogo de la London School of Economics (LSE).
Silenciar al parlamento
Dada la importancia de la cuestión, la Corte Suprema puso en el caso a once de sus doce magistrados, el máximo posible para evitar un empate.
Los once magistrados escucharon la semana pasada durante tres días los argumentos de los demandantes y de los abogados del gobierno.
Una las principales querellas había sido iniciada por la conocida empresaria y activista antibrexit Gina Miller, quien en 2017 ganó una batalla jurídica clave sobre el Brexit contra el gobierno de Theresa May.
Su abogado, David Pannick, alegó que la duración de la suspensión demostraba que el objetivo de Johnson era «silenciar al parlamento».
El ejecutivo defendió por su parte que no correspondía a la justicia pronunciarse sobre la suspensión parlamentaria, dado que la decisión del primer ministro era «fundamentalmente de naturaleza política» y pertenecía «al terreno del juicio político, no las normas legales».
Ahora, «los diputados deben ser valientes y audaces y pedir cuentas a este gobierno sin escrúpulos», lanzó Miller tras conocerse la sentencia.