José Alfredo Calderón E. Historiador y analista político
Estoy seguro que la gran mayoría de lectores no saben qué significan las siglas –CNAP– y si las conocieron alguna vez, ya no se recuerdan. ¿Existe CNAP?, ¿para qué sirve?, ¿quiénes lo forman? ¿Cuál es su misión?
En gran parte, la falta de rumbo de este paraje que tenemos las ínfulas de llamar país, se debe a dos factores fundamentales[1]:
- Desconocimiento y/o falta de aprendizaje y aprecio de la historia;
- Carecer de una ruta de futuro, un plan de país, una agenda de nación.
En cuanto a lo primero, es un mal de muchos países pero particularmente endémico y grave en este. Una y otra vez se tropieza con la misma piedra porque no leemos, no estudiamos, no nos formamos, porque además, seguimos considerando la historia como una afición, un entretenimiento, algo relacionado con anécdotas y cosas secundarias. Pero la historia es ciencia –y como tal– sujeta a leyes y principios que nos permiten entender el relacionamiento del pasado, presente y futuro, comprender las cosas en forma sistémica y desde la integralidad que va de lo general a lo particular y viceversa en una espiral dialéctica. Gracias a la historia se pueden hacer proyecciones y prospectiva política, económica y socio-cultural. Los cronistas se dedican a lo anecdótico y el recuento de datos y personajes; el historiador hace ciencia a partir de los datos, que vuelve información, la sistematiza y luego genera interpretaciones que se vuelven escenarios.
Pero el segundo caso tiene una connotación quizá mayor. No es que se carezca de una agenda de nación, pues las hay, no muchas pero las hay. Pero sucede que: o no se conocen o simplemente se descalifican con la misma liviandad con la que se opina sobre cualquier tópico aunque se carezca de la base cognitiva y la experiencia para hacerlo.
Dicho lo anterior, quiero llamar la atención sobre el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz –CNAP–[2] (de aquí el título de esta columna), el cual nace a luz pública mediante el Decreto Legislativo 52-2005[3]. Muchos no se han enterado de su existencia y otros tantos le regatean su legitimidad y competencia. Hubo de pasar un lapso de 9 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, para que el Estado de Guatemala los reconociera oficialmente como lo que siempre han sido, Acuerdos de Estado, ley positiva de obligado cumplimiento. Ese lapso causó mucho daño a este proceso de paz que fue muy costoso y cuyos Acuerdos, fueron reconocidos mundialmente como los más completos, pues la mayoría de pactos similares, se reducían al cese al fuego y otras cuestiones operativas. La ruta guatemalteca de la paz incluía un ideario de una nueva nación, una hoja de ruta, una agenda de Estado, uno nuevo, diferente al excluyente, discriminador, injusto y plutocrático, construido en el último cuarto del siglo XIX.
La Ley Marco de los Acuerdos de Paz fue negociada y la celeridad con la que se hizo, provocó una normativa “paticoja” con un Reglamento que, aunque se reforme, no alivia en nada lo dictado por el Decreto 52-2005, pues están amarrados. Un Consejo de Estado atrapado administrativa y financieramente por una Secretaría de la Paz que ha respondido a una contra agenda de la Paz, sobre todo, a partir de los gobiernos de Colom, Pérez Molina y Jimmy Morales. El debilitamiento paulatino de los Acuerdos como Agenda de Estado prioritaria, no ha sido casual sino una práctica muy bien planificada por los mismos que ahora forman alianza en el #PactoDeCorruptos. La ausencia de voluntad política para cumplir los Acuerdos, no es producto del olvido o de ineptitud político-administrativa, sino de una agenda perversa que se resiste a cambios profundos en un sistema que ya demostró estar agotado.
El Consejo y su Comité Coordinador empiezan a resurgir tímidamente, a partir de apoyos mínimos que se han logrado con la actual administración de la Secretaría de la Paz. Pero a estos problemas de funcionamiento y autonomía del ente rector en materia de cumplimiento de los Acuerdos, se suma la visión chata para abordar el balance de implementación. Dos son las grandes falencias, ambas de orden metodológico pero también político:
- Los Acuerdos de Paz deben verse en forma integral y no como componentes separados. Esta falencia ha hecho incluso, que se plantee la pregunta errónea: ¿Cuál de los Acuerdos es el más importante?
- La evaluación del cumplimiento debe ser básicamente cualitativa y no cuantitativa, pues esto ha conducido a un “check list” que utiliza una visión maniqueísta (SI-NO), utilizando porcentajes para “calificar” el grado de avance que, aun así, siempre responde a las categorías de: lento y/o leve, estancado o retroceso.
Debemos ir al espíritu de los Acuerdos y retomarlos como Agenda prioritaria de construcción de futuro. Con los ajustes y replanteamientos que se puedan y deban hacer, pero está claro que los Acuerdos de Paz firmados en 1996, si bien no son la única agenda de Estado, si es la más completa, profunda y revolucionaria. Sin consensos mínimos sobre el tipo de país que queremos, seguiremos otros insulsos “aniversarios de la paz”. Ya llevamos 21…
[1] Hay más factores pero estos dos son esenciales.
[2] Quien suscribe es fundador del CNAP y su primer Secretario Técnico (ahora Director Ejecutivo); Desde sus inicios en 2006 a la actualidad, he estado presente ya sea como asesor, representante institucional o consultor. Parte de lo que aquí se dice, lo expresé en mi discurso ante el CNAP, prensa e invitados el jueves 23 de noviembre con ocasión de la evaluación del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, a 21 años de la firma de la Paz.
[3] Se aprobó en el Congreso un 3 de agosto de 2005 y se publicó en el Diario de Centroamérica (Diario Oficial), el 7 de septiembre del mismo año, entrando en vigencia 8 días después. El Reglamento de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto 52-2005), Acuerdo Gubernativo 21-2006 y su Reforma, Acuerdo Gubernativo 156-2006, se publicaron el 24 de enero y el 15 de marzo de 2006, respectivamente.