- A 82 años de la Revolución de 1944, la conmemoración democrática comparte escenario con la despedida de Juan Francisco Solórzano Foppa.
- El abogado, exfiscal y bombero municipal será homenajeado frente al Palacio Nacional, mientras persisten las preguntas sobre su asesinato y la actuación policial posterior.
Redacción Crónica
La Plaza de la Constitución tendrá este 20 de octubre un motivo de reunión diferente. Este marcado por el dolor, indignación y exigencia de justicia.
En la fecha que recuerda la caída de una dictadura y la apertura de una primavera democrática, familiares, amigos y ciudadanos están convocados para despedir a Juan Francisco Solórzano Foppa, asesinado el sábado en el Campo Marte. Frente al Palacio Nacional, la memoria de aquella conquista de libertades se encontrará con una exigencia del presente: justicia para quien utilizó su voz para denunciar los abusos del poder.
El programa divulgado para esta mañana contempla la salida del cortejo de Capillas Señoriales, en la zona 9, a las 7:30 horas y el inicio del homenaje público a las 8:00. La ceremonia está prevista para durar unos 45 minutos; posteriormente, el recorrido continuará hacia el Cementerio Los Parques, donde se anunció el sepelio alrededor de las 10:30. Distintos movimientos sociales fueron convocados para acompañar la despedida.
El homenaje recuperará también una faceta menos conocida del abogado: durante diez años sirvió en los Bomberos Municipales, en la Novena Estación, con el casco 1644. Sus compañeros ya le rindieron honores durante la velación del lunes. Detrás del exfuncionario de intervenciones vehementes en redes sociales había también un hombre que dedicó parte de su vida a atender emergencias.
La democracia y una despedida frente al Palacio
El contraste histórico resulta inevitable. El movimiento cívico militar del 20 de octubre de 1944 derrocó a Federico Ponce Vaides y abrió el camino a las elecciones de diciembre, ganadas por Juan José Arévalo Bermejo. El padre del actual presidente asumió el 15 de marzo de 1945, al comienzo de una etapa asociada con reformas sociales, libertades políticas y modernización del Estado.
Ochenta y dos años después, Bernardo Arévalo enfrenta una jornada en la que la celebración de aquel legado queda atravesada por el asesinato de un crítico de las instituciones. La convocatoria frente al Palacio coloca el reclamo en el centro simbólico del poder, aunque no implica que el mandatario permanezca allí durante la ceremonia.
Arévalo acudió el lunes a la funeraria, al igual que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. También llegaron José Rubén Zamora, el escritor Miguel Ángel Sandoval y Yolanda Colom. Entre abrazos y expresiones de solidaridad, la despedida estuvo acompañada de llamados a esclarecer el crimen.
El presidente ha condenado el asesinato y comprometido los esfuerzos del Gobierno para conseguir justicia. Ahora debe responder con resultados a una exigencia que también alcanza a las instituciones bajo su conducción.
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Del análisis criminal a la denuncia pública
Solórzano Foppa tenía 43 años. Fue director de Análisis Criminal del Ministerio Público y encabezó la Superintendencia de Administración Tributaria entre 2016 y 2018. Su trayectoria estuvo vinculada con investigaciones contra estructuras criminales y con acciones para recuperar impuestos de contribuyentes poderosos.
Posteriormente asumió la defensa del periodista José Rubén Zamora. Fue detenido y acusado de obstaculización de la acción penal en relación con ese trabajo, durante la administración de Consuelo Porras. Human Rights Watch recordó hoy ese episodio dentro de su pronunciamiento sobre el asesinato y lo situó en el contexto de los procesos arbitrarios contra voces críticas.
Su intervención pública, sin embargo, no se limitaba a los expedientes. Convirtió sus cuentas en redes sociales en una tribuna desde la cual cuestionaba a funcionarios, dirigentes políticos y empresarios. Sus publicaciones mezclaban información, acusaciones e interpretaciones personales: para comprender su trayectoria es necesario recordar las denuncias y distinguirlas de responsabilidades judicialmente establecidas.
La fuga que denunció y el supuesto pacto con Gobernación
Uno de sus señalamientos más graves estuvo relacionado con la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de Fraijanes II, conocida públicamente en octubre de 2025.
El 12 de octubre de aquel año sostuvo que los pandilleros habían salido mediante un supuesto pacto con el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la entonces viceministra Claudia Palencia. Afirmó que habrían utilizado uniformes policiales para abandonar la prisión y vinculó la presunta negociación con una reducción de la violencia.
Solórzano Foppa aseguró, además, que había denunciado la fuga antes del anuncio oficial. Su acusación apuntaba a una posible colaboración desde las autoridades encargadas de custodiar a los presos. El supuesto pacto y el mecanismo que describió deben entenderse como sus señalamientos, sujetos a prueba, y no como hechos demostrados por la sola existencia de la fuga.
Su crítica al manejo de la seguridad era frontal. En aquella intervención sostuvo que las autoridades, incapaces de disminuir la violencia mediante investigación criminal y persecución penal, habían optado por negociar con pandilleros. Fue una acusación que colocó a las autoridades de Gobernación en el centro de la controversia.
Los últimos mensajes de una voz incómoda
Sus denuncias alcanzaban distintos centros de poder. El 23 de septiembre de este año afirmó que Miguel Martínez tenía cooptado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y pidió investigar supuestos beneficios para empresas relacionadas con él y con el expresidente Alejandro Giammattei.
En julio había señalado presuntos vínculos entre farmacéuticas, familiares políticos de Consuelo Porras y funcionarios relacionados con investigaciones por lavado de dinero. También cuestionó el proceso de elección de autoridades de la Universidad de San Carlos y denunció lo que consideraba un fraude institucional.
En junio informó que enfrentaba un proceso promovido por Nadia Torres, diputada e hija de Sandra Torres, y anunció que continuaría denunciando los presuntos vínculos de esa familia con pandillas. Eran señalamientos suyos, no una acreditación judicial de esas relaciones.
Su actividad crítica continuó hasta las vísperas del asesinato. En una de sus últimas publicaciones cuestionó el secretismo sobre la muerte de ocho personas en Huité y formuló una hipótesis sobre participación extranjera, específicamente la CIA estadounidense. Esa interpretación no estaba demostrada. Lo comprobable es que mantenía sus cuestionamientos sobre uno de los episodios de seguridad más sensibles para el Gobierno. Ninguna de estas denuncias permite establecer, por sí misma, el móvil del crimen.
Dos víctimas y una captura que aumentó las dudas
El ataque del sábado también arrebató la vida a Gustavo Adolfo “Tavo” Aguilar Gamarro, judoca y auxiliar de Información Pública de la Federación Deportiva Nacional de Judo. La institución lo recordó como un amante del deporte y una persona dispuesta a ayudar dentro y fuera de la federación. Su muerte forma parte inseparable de la exigencia de esclarecer el doble asesinato.
La primera respuesta policial agravó la desconfianza. Los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 30 y 18 años, fueron capturados y presentados como sospechosos. La PNC informó que transportaban una carabina en el compartimiento utilizado para repartir comida.
Ambos negaron su participación. Rigoberto denunció que los agentes habían colocado el arma. El domingo, el Ministerio Público solicitó falta de mérito y un juzgado ordenó su libertad. Ahora se investiga a siete policías por la supuesta colocación de la carabina.
La denuncia no debe darse por judicialmente demostrada antes de concluir las pesquisas. Su gravedad, sin embargo, exige esclarecer quiénes participaron en la detención, cómo se manejó el arma y qué información sustentó la vinculación de los repartidores con el crimen.
De confirmarse una fabricación de evidencia, el daño alcanzaría a los jóvenes injustamente señalados y a las familias de las víctimas: una investigación desviada también retrasa la búsqueda de los verdaderos responsables.
Un reclamo que ya cruzó las fronteras
El clamor de justicia tiene respaldo internacional. Organizaciones reunidas en un pronunciamiento publicado por Amnistía Internacional reclamaron una investigación exhaustiva e imparcial y que todos los responsables sean llevados ante la justicia.
Este martes, Human Rights Watch insistió en que la investigación debe identificar a quienes ejecutaron el ataque y también a quienes lo planearon, ordenaron o facilitaron. Su directora para las Américas, Juanita Goebertus, calificó el asesinato como un ataque aterrador contra un abogado vinculado con importantes iniciativas anticorrupción.
La despedida de hoy tendrá, por ello, un significado que desborda el funeral. La plaza recordará a un padre, un abogado, un exfiscal y un bombero; también será el lugar desde el cual se exigirá al Estado que investigue sin proteger uniformes, cargos o intereses.
En el aniversario de una revolución que abrió espacios de libertad, la mejor respuesta al asesinato de una voz crítica será impedir que el miedo y la impunidad ocupen esos espacios. Para el gobierno de Arévalo, honrar el 20 de Octubre pasa hoy por demostrar que puede garantizar verdad y justicia.