- Tras varios años protegido por un manto de impunidad que permitía el MP de Consuelo Porras, se inician las investigaciones en su contra con allanamientos.
- La Fiscalía afirma que las diligencias son el primero de varios casos relacionados con el exdirector del Centro de Gobierno. Hay órdenes de captura contra dos personas de su círculo, pero no se ha informado de una orden contra él.
Redacción Crónica
Después de más de cinco años de señalamientos sobre su influencia y corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el Ministerio Público (MP) dio el primer paso público de alcance contra el entorno de Luis Miguel Martínez Morales. La institución, ahora dirigida por Gabriel García Luna, ejecutó 13 allanamientos en Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla, entre ellos uno en un inmueble de Jocotenango vinculado con familiares de Martínez.
Las diligencias buscan indicios y a dos personas con órdenes de captura. Hasta el momento, el MP no ha informado de una orden de aprehensión contra el exfuncionario ni ha revelado los hechos concretos que investiga en este expediente, sujeto a reserva.
La respuesta del MP apunta a que el operativo podría ser «solo el comienzo». La institución lo describió como «el primero de varios casos» relacionados con el círculo de Martínez y con él mismo, cuyos detalles, sostuvo, no puede divulgar todavía sin poner en riesgo las investigaciones. Se trata de un cambio visible frente a los años en que las denuncias y revelaciones periodísticas sobre el exjefe del Centro de Gobierno no se tradujeron en resultados judiciales conocidos contra él. Los allanamientos, sin embargo, no equivalen a una imputación ni prueban culpabilidad.
Martínez fue director del Centro de Gobierno, la estructura creada al inicio de la administración de Giammattei y cerrada en diciembre de 2020. Aunque dejó ese cargo, el gobierno de Estados Unidos afirmó posteriormente que conservaba influencia sobre las contrataciones estatales. Martínez es señalado públicamente como pareja del expresidente.
La sanción por corrupción y el caso Sputnik V
El señalamiento oficial más grave llegó el 1 de diciembre de 2023, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Martínez bajo el régimen Global Magnitsky. Fue el Tesoro, y no el Departamento de Justicia, el organismo que impuso esa medida. Según su comunicado, Martínez participó en esquemas de sobornos e influyó para favorecer a empresas en contratos públicos adjudicados fuera de los procedimientos ordinarios de Guatecompras.
En particular, el Tesoro sostuvo que en 2021 solicitó cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V. El señalamiento se refiere a la adquisición proyectada de 16 millones de dosis por el gobierno guatemalteco. Esa atribución debe distinguirse de una condena penal: es el fundamento expuesto por Estados Unidos para una sanción administrativa, mientras corresponde a la justicia guatemalteca establecer si hubo delitos y quiénes participaron en ellos.
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Los expedientes que no avanzaron
La prensa también ha documentado otros asuntos que ameritaban investigación. La Hora informó sobre adjudicaciones a empresas señaladas por sus vínculos con Martínez; sobre los contratos obtenidos por la farmacéutica La Botica, relacionada con un amigo suyo; y sobre denuncias de la Intendencia de Verificación Especial por movimientos financieros entre empresas y transferencias asociadas con la compra de apartamentos en Dubái. Esos vínculos y operaciones publicados constituyen señalamientos e indicios para investigar, no prueba de que Martínez sea propietario de esas compañías o destinatario de los fondos.
Durante la gestión de María Consuelo Porras, el MP sí reconoció la existencia de expedientes en los que se mencionaba a Giammattei y Martínez, y dijo investigar a La Botica. Por eso sería inexacto afirmar que nunca se abrió investigación alguna. Lo que no presentó fueron avances públicos sustanciales que establecieran responsabilidades de la pareja presidencial por esos señalamientos. En el caso de la presunta trama de defraudación tributaria B-410, el MP incluso respondió en 2024 que, en ese momento, no investigaba a Martínez por los vínculos consultados por La Hora. Porras terminó su mandato en mayo de 2026 sin anunciar resultados contra él.
El operativo de esta semana rompe esa prolongada falta de actuaciones visibles, pero su alcance todavía está por definirse. La prueba para la nueva dirección del MP será convertir los allanamientos y las posibles capturas en investigaciones documentadas, capaces de aclarar tanto los hechos atribuidos a Martínez como las razones por las que los expedientes anteriores permanecieron años sin resultados públicos.