La justicia en Guatemala ha estado en entredicho por más de una década. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló de manera tajante que la manipulación del sistema de justicia […] representa uno de los desafíos más apremiantes para la democracia guatemalteca. Ahora hay un brote de confrontación en la CSJ que confirma que la crisis persiste.
Gonzalo Marroquín Godoy
En las últimas semanas, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Estuardo Cárdenas, ha cobrado relevación pública, porque su marginación a lo interno del pleno de magistrados le ha llevado a convertirse en la voz disonante de una Corte que sigue bajo el fantasma de la cooptación de la justicia.
Fue electo en el Congreso de la República en 2024 con 156 votos, lo que supone un apoyo prácticamente de todas las bancadas en aquella elección ampliamente criticada por la prensa independiente. Sin embargo, tras un año como miembro de la Cámara de Amparos de la CSJ, Cárdenas fue apartado por sus compañeros magistrados, provocando que su voz denunciara la forma autoritaria que mantiene un grupo a lo interno de la máxima instancia del Organismo Legislativo. Cárdenas habla con Crónica y describe interioridades que se conocían pero que nadie confirmaba. Aquí lo más destacado de la entrevista.
¿Puede existir auténtica democracia sin que exista un sistema de justicia independiente?: Definitivamente, no. Sin justicia independiente no se tendría la seguridad ni certeza jurídicas sobre la separación de poderes y la existencia de un Estado [constitucional] de Derecho; y, derivado de ello, la participación ciudadana pluralista como fundamento de la democracia quedaría en entredicho, al igual que el respeto y debida observancia de los derechos humanos y, muy especialmente, los de las minorías.
Usted hizo pública una carta abierta para sus colegas magistrados, en la que hace señalamientos serios… ¿Qué provocó esa carta?: Se convocó para la “fotografía oficial” del pleno de la Corte, para el 13 de julio, atendiendo a que hasta esa fecha aún no se había podido tomar la fotografía que por tradición y protocolo se acostumbra. Sin embargo, la realidad es que para esa fecha habían transcurrido 21 meses desde que asumimos el cargo, y ello no se había podido realizar por las tensiones y conflictos permanentes a lo interno de la Corte.
Por lo que, atendiendo a que el primer período de presidencia ya había concluido, y que el segundo –con la magistrada Claudia Paredes en la presidencia– estaba a tres meses de terminar, consideré que era impropio que se pretendiera hacer a sabiendas de las tensiones y conflictos existentes, por lo que consideré que constituiría un mero acto de hipocresía institucional. Al respecto, propuse que previamente abriéramos canales de diálogo sincero y respetuoso y, a su vez, que juntos trabajáramos porque esa toma de fotografía que tanto les importaba –especialmente al presidente anterior y la actual– se hiciera pero ya con el nuevo o nueva presidente de la CSJ y OJ, a partir del inicio del tercer período de esta administración, o sea, del 13 de octubre de 2026; pero ello, solo después de sentarnos, tender puentes, hacer una autocrítica y reflexión, y de manera armoniosa asumir con responsabilidad el cargo y función pública que se nos ha delegado.
A los dos días, en lugar de aceptar la invitación y propuesta, nuevamente por mayoría, arremetieron en mi contra en el pleno.
Fuentes cercanas a la CSJ dicen que la Corte es dirigida con mano autoritaria por la magistrada Claudia Paredes… ¿Es así como se dirige esta CSJ?: En realidad, no es solo ella sino es el grupo mayoritario que integra y decide. Claro, la cara más visible y expuesta de ellos y sus maniobras antidemocráticas de proceder es ella. En todo caso, su posición privilegiada dentro del pleno de la Corte, de tener la voluntad y vocación democrática necesarias, hubiese permitido un cambio radical de las maneras autoritarias de proceder que había denotado y prácticamente institucionalizado su predecesor en la presidencia, el magistrado Teódulo Cifuentes.
¿Considera que existe discriminación contra su persona y su trabajo por no estar alineado con la línea “oficialista” ?: Sí; y, como suele decirse, “para muestra un botón” –y de manera somera–: Desde que iniciamos funciones en el presente período constitucional, se organizaron e integraron las distintas Cámaras que conforman la CSJ; y en mi caso desde ese primer momento quede incorporado a la Cámara de Amparo y Antejuicio. Sin embargo, el 29 de abril de este año, de manera irregular se nos convocó a un pleno extraordinario, sin que se indicará el motivo urgente para ello ni que asuntos serían abordados en el mismo. En ese momento, de manera arbitraria, inaudita e ilegítima, después de elegir a los nuevos y nueva presidenta de las Cámaras y, en obvio contubernio, de forma abrupta y sin que mediara mi solicitud ni mi consentimiento expreso, decidieron excluirme de la Cámara de Amparo y Antejuicio y «trasladarme» a la Cámara Civil.
Atendiendo a la inexistencia de solicitud y/o de consentimiento, dicho «traslado» única y legalmente podía realizarse «por razones de conveniencia del servicio»; al tenor de la Constitución y de la Ley de la Carrera Judicial. Hubo desigualdad de trato ante la ley y, por ende, la discriminación deliberada en mi contra
No obstante el irrespeto a la ley, al rendir su informe circunstanciado requerido dentro del amparo que yo promoví cante la CC contra la CSJ por ese «traslado» ilegal, la personera en funciones de la Corte absurdamente argumentó que las disposiciones normativas sobre «traslados» contenidas en la Ley de la Carrera Judicial, no le son aplicables a los magistrados de la CSJ.
Al respecto, solo resta mencionar que la CC denegó en un primer momento el amparo provisional; y que, ahora, existe una segunda petición y reiteración del amparo provisional, que aún se encuentra pendiente de resolver.
Se habla de la intención del pleno de retirarle la inmunidad (antejuicio), para poder destituirlo y procesarlo por declaraciones que ha formulado. ¿Es así y teme represalias, incluso acoso y criminalización, por expresar su sentir y realidad?: La realidad es la siguiente: La mayoría del pleno se mostró muy molesta por las declaraciones que unos días atrás yo había dado a un medio periodístico, narrando algunos de los eventos acaecidos a lo interno de la Corte y, particularmente, refiriéndome al «traslado» de cámara del que arbitrariamente fui objeto. Esa misma mayoría de magistrados titulares acordó emitir un comunicado de prensa a través de los canales oficiales. Así se hizo, bajo una sarta de falsedades e incongruencias.
La situación no termina ahí; pues resulta que, en aquella sesión de pleno, a propuesta expresa de la propia presidenta de la Corte y con el voto favorable de 10 magistrados titulares que conforman ese grupo mayoritario –cuya existencia negaron en el comunicado de prensa–, se dispuso remitir a Asesoría Jurídica del Organismo Judicial las «declaraciones» (SIC) contenidas en la entrevista periodística que yo había proporcionado: «…para determinar… si hay alguna conducta que amerite ponerse de conocimiento de las autoridades competentes para su investigación y demás efectos legales que se consideren pertinentes…» (SIC).
Esto último es lo verdaderamente grave y alarmante, pues solo se ha visto en regímenes autoritarios, dictatoriales y déspotas, en los que el derecho fundamental a la libertad de expresión se tiende a restringir, limitar o condicionar; y/o bien, incluso, proscribir, cuando de críticas contra las autoridades y/o funcionarios que ejercen el poder público se trata.
Lo he dicho, y lo reitero: si la mayoría que gobierna el pleno de la CSJ, se atreve a ordenar el análisis [por “asesores jurídicos”] de las «declaraciones» dadas a la prensa por parte de uno de sus pares e igual, atentando contra derechos humanos de rango constitucional y convencional, como lo son la libertad de expresión del pensamiento y la misma independencia judicial, ¿qué puede esperar el común de los ciudadanos, la población en general y los usuarios del servicio de administración de justicia en particular, en caso se atrevan a criticar la gestión de esa mayoría arbitraria?
La respuesta es obvia.
En conclusión: no tengo miedo, pero tampoco dudo de que esa sea la intención.
Hay quienes dicen que el pleno de magistrados dedica más tiempo a discutir asuntos administrativos que los casos judiciales importantes que llegan al pleno. ¿Es cierto esto?: Lamentable, pero cierto; aunque, en honor a la verdad no creo que esto sea un mal originado durante este período constitucional, sino más bien, por lo que puede advertirse, es una práctica heredada de las administraciones anteriores.
¿Cree que recibe un trato injusto por ser minoría en la CSJ y diferir en muchos aspectos con la forma y fondo del trabajo que se realiza en el pleno?: Podría decirse que sí; aunque, más que «injusto» por las distintas connotaciones que el término pueda tener, a mi juicio es más un trato hostil, irrespetuoso, obstruccionista, ilegítimo para la jerarquía y categoría que por igual y sin diferenciación alguna legalmente ostentamos; y, claro, todo ello originado de la serie recurrente de disidencias que de mi parte se han hecho valer con respecto a una amplia gama de decisiones que por mayoría se han asumido, sin ninguna posibilidad de persuadirlos de los yerros cometidos.
¿Diría usted que hay una aplanadora en la toma de decisiones en la Corte o hay respeto a las opiniones jurídicas diferentes a la línea del grupo considerado “oficial” ?: Sí, en cuanto a la primera parte de la pregunta; y, en principio, no en relación con la segunda. Aunque de igual manera ese respeto se ha tenido que exigir y así se ha tenido que garantizar, incluso por encima de la voluntad de esa mayoría.
A mi criterio, las mayorías sin bien pueden aparentar ser democráticas, en lo que a la administración de justicia atañe resultan dañinas para el sistema cuando se emplean para pretender atacar y obstruir a los disidentes y no para construir
¿No posar con sus compañeros para la foto oficial de los magistrados, es una demostración para exigir respeto a su postura y trabajo independiente?: Sí, y contundente. Porque, como lo expuse ampliamente en la «carta abierta» que con ocasión de ello compartí, a mi parecer solo constituía un acto de hipocresía institucional; porque pretende proyectar a la población una realidad manipulada, al extremo de que, 21 meses después de asumir el cargo absurdamente se tomó la fotografía de la presidencia del magistrado Teódulo Cifuentes, como si el tiempo pudiera retrotraerse a aquel momento en el que en sus manos estuvo procurar la unidad del pleno mediante el respeto sincero, diálogo y consenso entre pares e iguales.
Pero, además, es un llamado general a ser honestos y aceptar la verdad real, aquella que no podemos ocultarnos a nosotros mismos.
¿Es cierto que los magistrados viajan mucho y solamente usted y otro magistrado han sido “castigados”, sin enviarlos a ninguna representación internacional?: Debemos tener las prioridades claras, porque no fuimos electos para andar por el mundo en viajes que en lo privado nunca tendríamos, por costos, lugares de destino y demás circunstancias; y, ante todo, bajo la sola condición arrogante de creer que, por ser magistrado titular tengo ese derecho; al extremo de que, inclusive, ha habido quienes se han atrevido a gestionar dicha autorización para viajar a desayunos de oración en Estados Unidos.
Claro, existen comisiones o delegaciones internacionales de carácter oficial en las que deviene objetivamente razonable que el poder judicial guatemalteco tenga presencia e intervención; pero, bueno sería establecer cuáles o cuántas de estas ha habido durante este período.
Para terminar, ¿diría usted que la actual CSJ es reflejo del mal momento por el que atraviesa el sistema de justicia en Guatemala, tan criticado por organismos nacionales e internacionales?: Sí, y lo digo con pena ajena, aunque, lamentablemente, también propia; por ser uno de sus 13 integrantes titulares. Por más maquillaje que se le pretenda poner a la situación, la realidad la desborda abrumadoramente. Como suele decirse «los trapos sucios se lavan en casa» pero ello no es posible cuando esas «pilas» [lavaderos] son precisamente las que no funcionan y los hechos son de tal relevancia que es notorio que, a lo interno, ya no encuentran solución.
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